Por Chester Hernández
A plena luz del día y con total descaro, fue liberado ayer Javier Milán, dueño de los centros nocturnos Mamitas y 40 Grados, lugares señalados por diversas fuentes como puntos activos de venta y distribución de sustancias ilícitas. Su salida se registró a las 2:10 de la tarde, en compañía de su madre, la señora Reyna —conocida por haber manejado varios teibols en la ciudad—, su hermana y un equipo de abogados que pareciera tener las llaves del sistema judicial.
Lo más indignante es que mientras Milán recuperaba su libertad sin mayor obstáculo, las jóvenes que trabajaban dentro de sus establecimientos seguían tras las rejas, acusadas de narcomenudeo. Ellas fueron liberadas hasta las 10:30 de la noche, cargando con el estigma de un delito que, según testigos y empleados del lugar, es controlado por el personal de estos mismos antros, con conocimiento —y probablemente orden— de sus dueños.
La pregunta es clara: ¿por qué se protege al empresario y se castiga a las trabajadoras? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este doble rasero en la aplicación de la ley?
La escena es un retrato perfecto de la impunidad que impera en ciertos círculos: personajes con dinero, conexiones y apellidos que, una y otra vez, burlan a la justicia con una facilidad insultante. Mientras tanto, quienes carecen de poder o recursos legales enfrentan todo el peso del sistema.
La liberación de Milán no es un caso aislado, es un síntoma grave de complicidad institucional. Si el sistema judicial sigue funcionando como un negocio para los poderosos, el mensaje es devastador: en México, la ley no castiga el delito, castiga la pobreza.
