Por Chester Hernández
La crisis de credibilidad dentro de la Fiscalía General del Estado parece profundizarse bajo el mando de Idamis Pastor Betancourt. Mientras el discurso oficial presume combate a la corrupción y depuración institucional, al interior continúan surgiendo señalamientos por presuntos actos de acoso, extorsión y abuso de poder que, según trabajadores y fuentes cercanas, se han convertido en parte de la rutina diaria dentro de la dependencia.
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en diversas denuncias internas es el de José Luis Saucedo Tiburcio, identificado con el número de expediente 1059/60, quien actualmente se desempeña como director de Supervisión Técnica en la Visitaduría General. De acuerdo con versiones recabadas al interior de la institución, existiría una red de funcionarios y subordinados que presuntamente operan bajo prácticas de presión y favoritismo.
Entre los señalados también figura Rosalía Rodríguez Rivera, agente del Ministerio Público adscrita a la Visitaduría General, así como José Raúl Aguilar Díaz, analista adscrito al área V6, quienes presuntamente formarían parte de este grupo señalado por trabajadores inconformes.
Sin embargo, las acusaciones no terminan ahí. Dentro de la Dirección de Investigación también existen versiones sobre posibles irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos y viáticos. En este contexto, ha sido mencionada María Guadalupe Melchor Ramírez, visitadora adscrita a dicha área, señalada por presuntos beneficios derivados de los llamados “viáticos revolucionarios”, una práctica que, aseguran empleados, sigue sin ser investigada a fondo.
Lo más preocupante es que estas denuncias contrastan directamente con el discurso del gobernador Alejandro Armenta, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado públicamente que en su administración no se permitirán “moches” ni “milpas”, términos con los que ha hecho referencia a redes de corrupción y cobros ilegales dentro del aparato gubernamental.
A pesar de ello, al interior de la Fiscalía persiste la percepción de impunidad. Trabajadores aseguran que las prácticas de intimidación, presiones laborales y presuntos actos de corrupción continúan operando sin consecuencias visibles, mientras las áreas encargadas de supervisar y sancionar parecen guardar silencio.
La ciudadanía espera que las promesas de limpieza institucional no queden solamente en discursos políticos. Si realmente existe voluntad de combatir la corrupción, las autoridades deberán investigar a fondo los señalamientos, deslindar responsabilidades y garantizar que ningún funcionario, sin importar su cargo, quede por encima de la ley.
