Por Chester Hernández.
La corrupción en el sector de movilidad es un problema persistente y multifacético que afecta gravemente a las ciudades y a sus habitantes. En este contexto, el caso de Omar Álvarez Arronte y su relación con la autorización de taxis pirata en Lomas de Angelópolis Ocoyucan ilustra cómo las prácticas corruptas pueden tener consecuencias devastadoras en el transporte urbano.
Omar Álvarez Arronte, funcionario responsable de la regulación del transporte en el estado, ha sido señalado como una figura clave en el colapso de la movilidad en la región. Según denuncias recientes, Álvarez Arronte habría autorizado la operación de taxis pirata en una de las zonas más exclusivas y en crecimiento, Lomas de Angelópolis Ocoyucan. Esta decisión ha llevado al cierre de la Avenida Cascadas, una vía vital para la conectividad de la zona.
La situación se ha visto agravada por la intención de estos taxis pirata de establecer una base en Chedraui Selecto, bajo el amparo de la organización 28 de Octubre. Esta medida no solo es ilegal, sino que también demuestra una falta de control y de interés por parte de las autoridades en regular el transporte de manera justa y ordenada.
El impacto de esta corrupción es evidente: los residentes de la zona sufren las consecuencias de un transporte desregulado, con problemas de tráfico, inseguridad y un deterioro en la calidad del servicio. La falta de regulación adecuada también fomenta el crecimiento de prácticas ilegales y la competencia desleal entre los operadores de transporte.
Para abordar esta crisis, es crucial que se implementen medidas efectivas para erradicar la corrupción en el sector de movilidad. Esto incluye una revisión exhaustiva de los procesos de autorización, una mayor transparencia en las decisiones administrativas y la aplicación rigurosa de las leyes existentes para garantizar que solo los operadores de transporte legítimos puedan ofrecer sus servicios.
Además, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en la denuncia de irregularidades. La colaboración entre las autoridades, la sociedad civil y los medios de comunicación es fundamental para asegurar que se tomen las medidas adecuadas y que los responsables de estos actos de corrupción enfrenten las consecuencias correspondientes.
Finalmente, la situación actual en Lomas de Angelópolis Ocoyucan subraya la necesidad urgente de una reforma en la regulación del transporte. La corrupción, representada por la autorización indebida de taxis pirata y la falta de acción efectiva por parte de funcionarios como Omar Álvarez Arronte, debe ser combatida con determinación para restablecer la justicia y la eficacia en el sistema de movilidad.
Ya que esto traerá consecuencias a un futuro al próximo gobierno en Puebla, la auditoría tiene que tomar acciones rápidas ya que l omisión es parte de una comisión del delito.
