Por Chester Hernández
Puebla, Pue.— La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre denunció públicamente al Gobierno del estado por, supuestamente, despojar a 200 personas de su fuente de empleo en la zona de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán, así como en el auditorio GNP. Alegan que estas personas, en su mayoría jóvenes, trabajaban como acomodadores o “cuida carros” durante la Feria de Puebla.
Sin embargo, al revisar los números que esta misma agrupación deja entrever, el panorama adquiere otro matiz. Según testimonios y denuncias ciudadanas, los llamados acomodadores cobraban hasta 200 pesos por vehículo a los asistentes, sin garantía real de vigilancia y sin ningún tipo de regulación o permiso formal. Si cada uno de los 200 “trabajadores” obtenía un ingreso mínimo de 2,000 pesos por noche, la operación completa generaba al menos 400 mil pesos diarios en efectivo. La gran incógnita es: ¿a dónde iba ese dinero? Sería acaso a las bolsas de Simitrio o ha su grupo armado de la 14 que encabeza el famoso chupón y el Julio.
Existen señalamientos de que estos ingresos eran canalizados directamente a las arcas del líder de la UPVA 28 de Octubre, consolidando un negocio millonario al margen de la legalidad. La agrupación, históricamente envuelta en confrontaciones con gobiernos estatales, acusa ahora al gobernador Alejandro Armenta Mier de ser “represor” y de negarse a dialogar. Buscan recuperar el control del estacionamiento, disfrazando intereses económicos de lucha social.
El artículo 8 constitucional, que garantiza el derecho de petición, es citado por la agrupación como argumento jurídico. Sin embargo, el trasfondo económico y la ausencia de rendición de cuentas por parte de la UPVA plantean una pregunta inevitable: ¿realmente se trata de una injusticia laboral o de la pérdida de un negocio informal millonario?
Hoy, los poblanos celebran poder acudir a la Feria de Puebla y al estadio sin sentirse extorsionados por esta mafia disfrazada de organización social. Con orden y seguridad, el cambio se nota, y el respaldo ciudadano al gobernador Alejandro Armenta es cada vez más evidente.