Por Chéster Hernández
El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Guadalupe Cuautle, vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión en redes sociales de imágenes que muestran a presuntos funcionarios utilizando un vehículo oficial para acudir al bar El Culichi, ubicado sobre el bulevar Atlixco. El hecho ha reavivado las críticas ciudadanas respecto al manejo de los recursos públicos y la falta de controles internos en la administración municipal.
La denuncia fue publicada por una cuenta de X (antes Twitter), donde se exhibe un automóvil con rotulados municipales y perteneciente, según la publicación, a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, identificado con las placas UJM-346-A. De acuerdo con la versión difundida, el vehículo fue captado la tarde-noche del jueves 27 de noviembre, estacionado en la calle del Pozo, incluso obstruyendo el paso peatonal.
Las imágenes muestran a varias personas descendiendo y acercándose al establecimiento; entre ellas, la cuenta denunciante señala presuntamente a Monserrat Tello y Ericka Torres. También aparecen hombres cuya identidad no ha sido confirmada hasta el corte de esta edición.
El señalamiento provocó indignación entre habitantes de San Andrés Cholula, quienes cuestionan el uso de vehículos públicos —adquiridos y mantenidos con recursos ciudadanos— para fines personales o recreativos. Críticos de la administración municipal consideran que este episodio evidencia una relajación en la supervisión interna y una falta de disciplina institucional, particularmente en áreas sensibles como Desarrollo Urbano.
La polémica se agrava porque no es la primera vez que funcionarios del municipio son acusados de utilizar unidades oficiales para actividades ajenas a sus labores. En julio pasado se reportó un incidente similar, relacionado con otra dependencia municipal, que derivó en una supuesta investigación por parte de la Contraloría. No obstante, los resultados no fueron ampliamente difundidos, lo que alimenta la percepción de opacidad y tolerancia a malas prácticas dentro del gobierno de Guadalupe Cuautle.
Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha fijado postura oficial sobre el nuevo caso, lo que incrementa la presión pública para que se inicien investigaciones inmediatas y se determinen posibles responsabilidades. Organizaciones civiles y activistas locales demandan claridad, argumentando que estos episodios deterioran la confianza en una administración que ya enfrenta cuestionamientos constantes en diversas áreas.
La reiteración de señalamientos por uso indebido de recursos públicos fortalece la exigencia ciudadana de revisar los mecanismos de control administrativo en San Andrés Cholula. Para muchos, el silencio institucional solo alimenta la sospecha de que las faltas podrían estarse normalizando bajo la actual gestión.
Mientras las imágenes continúan circulando y generando indignación, la responsabilidad recae sobre la presidenta Guadalupe Cuautle y su gabinete para transparentar, investigar y sancionar lo que podría convertirse en un nuevo ejemplo de la erosión de la ética pública en el municipio.
