Por Chester Hernández.
El cinismo empresarial vuelve a exhibirse sin pudor. Grupo Proyecta, uno de los consorcios inmobiliarios más poderosos y favorecidos de Puebla, ha mostrado su inconformidad ante el pedimento del gobernador Alejandro Armenta de donar apenas dos hectáreas para la construcción de viviendas destinadas a los policías estatales. La petición no sólo es legítima, sino profundamente justa. Pero los empresarios, acostumbrados a lucrar sin rendir cuentas, reaccionan con molestia.
La pregunta es inevitable: ¿Qué les duele? ¿Qué les pidan devolver una mínima parte de lo que se apropiaron gracias a años de corrupción, favores políticos y abuso del poder?
No hay que olvidar —y la memoria colectiva no lo hará— que estas tierras, hoy cotizadas en dólares y convertidas en exclusivos complejos residenciales y centros comerciales, fueron alguna vez parcelas campesinas. Campesinos a los que se les arrebató su patrimonio bajo mecanismos disfrazados de legalidad, comprándoles a precios de risa lo que ahora vale millones. Y lo hicieron con el respaldo de gobiernos que se prestaron al juego sucio.
Hoy, para seguir protegiendo sus intereses, Grupo Proyecta ha optado por contratar mercenarios de la comunicación: supuestos periodistas que operan como voceros a sueldo, dispuestos a desinformar, manipular narrativas y atacar a quienes exigen justicia. Lejos de rendir cuentas, prefieren esconderse detrás de plumas pagadas, con tal de mantener intacto su imperio cimentado en el despojo.
Cuando se les pide una fracción de lo que les fue regalado en bandeja de oro por administraciones cómplices, se indignan. Pretenden hacernos creer que ceder dos hectáreas para vivienda policial es una ofensa. Lo verdaderamente ofensivo es su historia de despojo, enriquecimiento ilícito y la arrogancia con la que defienden sus privilegios.
Grupo Proyecta no sólo representa el modelo de negocio que se alimenta del despojo: simboliza también la impunidad con la que operan ciertos empresarios en este país. Quienes callan ante estas prácticas, quienes les aplauden o justifican, se hacen cómplices del robo sistemático de tierras, del desplazamiento de comunidades enteras y de la desigualdad que alimentan.
Mientras los verdaderos dueños de esas tierras viven con lo justo, estos empresarios se escandalizan porque se les pide un mínimo acto de justicia. ¿A eso le temen? ¿A que la sociedad les exija cuentas? Porque, si de justicia hablamos, Puebla les debe una auditoría completa.
