Por Chester Hernández.
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, presidida por Félix Cerezo, ha demostrado un flagrante desprecio por la ética y la responsabilidad pública. Cerezo, quien es ampliamente conocido como el protegido del exgobernador Miguel Barbosa, ha tenido el atrevimiento de solicitar un incremento de 20 millones de pesos para el presupuesto de la CDH, lo que elevaría la cifra total a 80 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2025. Esta solicitud resulta particularmente escandalosa dada la evidente falta de resultados tangibles y el deficiente desempeño de la comisión bajo su liderazgo.
La CDH ha sido un desastre en términos de cumplir con su misión de proteger y defender los derechos humanos. En especial, ha fallado en atender adecuadamente las necesidades y reclamos de mujeres y periodistas, dos grupos que han enfrentado serias vulneraciones y que merecen un apoyo real y eficaz. La falta de acción y compromiso de la CDH en estos casos no solo refleja una deficiencia en su gestión, sino también una alarmante carencia de sensibilidad hacia las problemáticas sociales más apremiantes.
Con esta petición de aumento presupuestario, Cerezo no solo demuestra una falta de autocrítica, sino que también revela una arrogancia indignante. ¿Con qué calidad moral pretende justificar un aumento significativo en el presupuesto de una entidad que ha sido incapaz de cumplir con sus funciones básicas? Este acto desvergonzado subraya su papel como mero títere de Miguel Barbosa, en lugar de un verdadero defensor de los derechos humanos.
Es inaceptable que, en lugar de rendir cuentas por su ineptitud y por los problemas no resueltos, Félix Cerezo se atreva a exigir más recursos. Este incremento presupuestario no solo es injustificable, sino que representa una falta de respeto hacia las víctimas que esperaban un verdadero apoyo y justicia. Es imperativo que se exija una revisión exhaustiva del desempeño de la CDH y que se tome una decisión responsable y transparente respecto al uso de los recursos públicos.
La ciudadanía y las instituciones deben exigir una rendición de cuentas clara y concreta, y no permitir que figuras como Cerezo sigan abusando de su posición para perpetuar la ineficacia y la corrupción. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad y no un pretexto para la inacción y el enriquecimiento indebido.
