Por Chester Hernández
La Fiscalía General del Estado enfrenta un nuevo y profundo escándalo tras la salida de José Hiram Cervantes Pérez, hasta hace unos días coordinador general especializado en Robo de Vehículos. Su renuncia abrió la puerta para que diversas víctimas decidieran finalmente denunciar una presunta red de corrupción, amenazas y extorsiones que —según señalan— operó durante su gestión y bajo la protección directa de personal que él habría traído desde el Estado de México.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, uno de los personajes centrales en estas denuncias es Joan Manuel Xavier Chávez, quien se presentaba como “brazo derecho” del ex coordinador. Las víctimas afirman que este funcionario habría sido el encargado de cobrar presuntas “rentas” y “plazas” en distintos distritos, entre ellos Ciudad Serdán, Tehuacán, Acatzingo y, de manera especial, Tecamachalco. Los afectados aseguran que las exigencias económicas se realizaban bajo amenazas de cateos, aseguramientos o represalias administrativas si los pagos no eran cubiertos.
Las denuncias también apuntan a la presunta participación de Ivet Esperanza Olguín Aguilera, identificada como pareja sentimental de Joan Manuel Xavier Chávez y señalada como operadora directa de extorsiones contra propietarios de vehículos recuperados. Uno de los casos más difundidos ocurrió el 24 de julio de 2025, cuando un transportista afiliado al gremio Canacar denunció haber sido despojado de un tráiler con mercancía que fue localizado el mismo día. Según la versión del afectado, Olguín Aguilera habría exigido 30 mil pesos para devolver la unidad, situación que no prosperó gracias al respaldo del gremio. Este hecho fue evidenciado públicamente por otros medios locales en aquella fecha.
Sin embargo, las acusaciones no se limitan a propietarios de vehículos robados. Dueños de diversos corralones en la entidad aseguran haber sido víctimas de amenazas sistemáticas para obligarlos a pagar cantidades que —según afirman— oscilaban entre 100 mil y 300 mil pesos semanales. Entre los negocios señalados como afectados se encuentran Grúas Serdán, Grúas Bolaños, Grúas JB, Grúas Jesús y Grúas Hega. Algunos accedieron a los pagos con tal de evitar represalias y mantener el ingreso de vehículos asegurados; otros, en cambio, denunciaron haber sufrido cateos y aseguramientos presuntamente motivados por negarse a entregar los montos exigidos.
Los testimonios coinciden en un patrón: después de los cateos, los propietarios eran citados —según relatan— en restaurantes de alto costo, donde presuntamente se les exigían cantidades todavía mayores a cambio de liberar sus inmuebles. De negarse nuevamente, aseguran que eran amenazados con cateos a domicilios particulares o con la negativa definitiva de devolver sus bienes, vulnerando así —según denuncian— su derecho al trabajo y a su patrimonio.
Con los cambios recientes en la Fiscalía, las víctimas han comenzado a alzar la voz y buscan la intervención del Poder Judicial del Estado, encabezado por el recién nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo con los denunciantes, dicho órgano ha mostrado apertura para escuchar y dar acompañamiento a quienes aseguran haber sido afectados por abusos de servidores públicos de la Fiscalía.
El próximo 1 de diciembre asumirá funciones un nuevo titular de la Coordinación de Robo de Vehículos. Diversos sectores esperan que este relevo marque el inicio de una depuración real y que se investiguen a fondo las acusaciones contra ambos funcionarios señalados, a fin de frenar —si así se confirma— las prácticas de corrupción que, según las víctimas, han imperado en el área durante los últimos meses.
Mientras tanto, las denuncias continúan acumulándose y la presión social aumenta para que la Fiscalía aclare los hechos y determine responsabilidades. La ciudadanía exige que, por fin, estas voces no vuelvan a ser silenciadas.
