Desde enero de 2021 y hasta agosto de 2022, los ciudadanos han emitido poco más de medio centenar de denuncias en contra de policías y funcionarios municipales, agentes ministeriales, así como de personal médico por cometer actos presuntamente violatorios de derechos humanos, siendo los más señalados a nivel local.
En 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) abrió 40 expedientes de queja por vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Un año después—de enero a agosto— el órgano encargado de garantizar los derechos humanos en Puebla emitió 15 recomendaciones a diversas autoridades.
Aunque los presidentes municipales y titulares de dependencias estatales son quienes reciben la recomendación, en realidad solo son el enlace con los agresores, pues deben de instruir al personal adscrito a su gobierno de implementar las sugerencias que la Comisión emite. En este sentido, son los policías, así como personal de tránsito municipal, regidores de ayuntamientos, médicos e incluso trabajadores dentro de cárceles poblanas los que vulneran con mayor frecuencia los derechos humanos, debido a que se encuentran entre las autoridades más cercanas a la población.
Entre las violaciones de derechos humanos figura la vulneración a la seguridad jurídica, acceso al agua potable, trato digno e integridad, así como a la educación, a la vida, la salud, acceso a la verdad, la cultura, así como una vida libre de violencia obstétrica.
Un análisis de los datos de la CDH realizado por El Sol de Puebla muestra que la violación a la seguridad jurídica fue la que más se repitió por parte de los agresores. La Comisión de Derechos Humanos describe este derecho como la “prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”.
Entre los hechos violatorios destaca el omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento, no proporcionar protección y auxilio, negar la recepción o negar trámite de una denuncia, dilación en el procedimiento administrativo, prestar indebidamente el servicio público, así como en materia de seguridad pública, regularización de la tierra, entre otros.
Tal es el caso de la recomendación 38/2021 dirigida al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan y al secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, por vulnerar este derecho.
En el documento púbico se expone que cuatro personas al salir de un restaurante-bar fueron detenidos por elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicha demarcación territorial y elementos emplearon fuerza pública de manera arbitraria; posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia sin ningún procedimiento administrativo ni puestos a disposición de autoridad. Al tiempo que tampoco se les realizó ninguna valoración médica ni les dieron a conocer sus derechos.
En este sentido, la CDH instruyó otorgar la reparación del daño a los agraviados, así como una disculpa pública e instruir al personal del ayuntamiento para que desempeñen sus funciones bajo el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados Internacionales y también solicitó capacitación a los servidores públicos de su gobierno.
De las 15 recomendaciones emitidas en lo que va de este 2022, cinco en contra del titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García. La primera de ellas con fecha 21 de enero por vulnerar el derecho humano a la protección a la salud y a una vida libre de violencia obstétrica.
La recomendación se desprende con motivo de una nota periodística de El Sol de Puebla, publicada en agosto de 2020, en la que pone en evidencia un caso de negligencia médica en el Hospital General de Cuetzalan; por lo que la pareja agraviada ratificó la queja y se abrió el expediente 3366/2020.
El documento explica que el 29 de julio de 2020, una mujer que tenía un embarazo de 40.2 semanas de gestación, acudió al Hospital General de Cuetzalan, por presentar dolor de cabeza, pero el personal de dicho hospital omitió canalizarla con un especialista en ginecología y obstetricia, así como ordenar de forma inmediata la realización de estudios de laboratorio y en su caso transferirla a la unidad médica que contara con dicho servicio. Por lo tanto, la atención médica que brindó el personal del hospital fue deficiente e inoportuna.
La Comisión ordenó una compensación económica, atención médica y psicológica, gratuitas para las víctimas con la intención de permitir una rehabilitación y superación de secuelas; al personal médico capacitación sobre el tema y protección de los derechos humanos e instruir al personal médico que desempeñen sus funciones bajo el Orden Jurídico Mexicano, así como los Tratados Internacionales.
