Por Chéster Hernández
En medio del proceso legislativo para designar al próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), comenzaron a circular versiones que han encendido las alarmas entre personal del organismo y actores políticos locales. Diversos trabajadores relataron, de manera extraoficial, que Germán Reyna se habría presentado recientemente en las oficinas de la ASE comportándose como si ya fuese el próximo Auditor Superior, pese a que el Congreso aún no emite una resolución formal.
Según estos testimonios, Reyna habría saludado a empleados y realizado comentarios alusivos a su eventual llegada al cargo, lo que provocó sorpresa entre quienes presenciaron la escena. Aunque no existe confirmación institucional de este encuentro, la sola existencia de estos relatos ha generado inquietud y cuestionamientos sobre la autenticidad y transparencia del proceso legislativo.
A esta ola de trascendidos se suma otra versión que surgió en días posteriores. Algunas personas que coincidieron con Reyna en un restaurante afirman que él comentó contar con la “bendición” de una conocida familia de Tecamachalco, insinuando que tendría apoyos políticos suficientes para asegurar su designación. Aunque se trata de testimonios no verificados, su circulación ha fortalecido la percepción de que el proceso podría estar influido por acuerdos externos.
Para organizaciones civiles y especialistas en transparencia, estos rumores —de ser ciertos o no— reflejan un problema mayor: la falta de claridad en torno al procedimiento de elección. La designación del Auditor Superior debería regirse por criterios estrictamente profesionales, con evaluaciones objetivas y sin señales de favoritismo. Sin embargo, la presencia de versiones que anticipan un “ganador” antes del fallo oficial abona la preocupación de que la decisión pudiera estar tomada desde antes, reduciendo el papel del Congreso a un simple trámite.
El órgano legislativo, por su parte, no ha emitido posicionamiento sobre estas versiones ni sobre el avance real en la selección del nuevo titular. La ausencia de información oficial ha permitido que las especulaciones crezcan, alimentando un ambiente de incertidumbre entre quienes consideran que la ASE debe mantenerse alejada de cualquier influencia política.
Ante ello, voces ciudadanas y analistas coinciden en que el Congreso debe reforzar la transparencia del proceso y comunicar con precisión cada etapa, para evitar sospechas que puedan comprometer la legitimidad de la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos. La confianza en la ASE es fundamental; sin claridad en su proceso de designación, su autonomía y credibilidad pueden verse seriamente afectadas.
Por ahora, la atención permanece puesta en el Legislativo y en la manera en que conducirá las últimas fases del procedimiento. La ciudadanía espera que la decisión final responda a méritos y no a acuerdos externos, para garantizar que quien llegue a la Auditoría Superior lo haga con independencia, solvencia técnica y legitimidad plena.
