Por Chester Hernández.
En los últimos años, se ha denunciado la alarmante protección que la Secretaría de Movilidad y Transporte, bajo la dirección del secretario Omar Álvarez Arronte, ha brindado a miles de taxis piratas y mototaxis en el estado de Puebla, de la organización antorcha campesina y 28 de octubre.
Esta situación no solo representa una competencia desleal para los taxistas que operan de manera legal, sino que también pone en riesgo la seguridad de los usuarios, cuántos accidentes han cobrado la vida de varios usuarios.
Los dueños de estos taxis piratas han afirmado que el diputado local Elpidio Díaz Escobar será su defensor en el Congreso del Estado y en la Comisión de Transporte. Esta relación plantea serias dudas sobre la integridad del sistema político y de regulación del transporte en Puebla. La complicidad entre algunos funcionarios y los operadores ilegales no solo perpetúa el desorden en el sector, sino que también envía un mensaje claro: las leyes pueden ser ignoradas si se cuenta con el respaldo adecuado.
Es urgente que las autoridades se pronuncien al respecto y tomen medidas efectivas para desmantelar esta red de protección a taxis piratas. La legalidad y la seguridad de los ciudadanos deben ser prioritarias en la agenda pública. La defensa de los intereses de unos pocos no puede estar por encima del bienestar general. Los pobladores merecen un sistema de transporte justo, seguro y eficiente, y es responsabilidad de las autoridades garantizarlo.
