Ciudad de México.- Trece casinos involucrados en lavado de dinero. Y el gobierno federal nos dice: “No podemos decir los nombres de los dueños”. La investigación debe protegerse, dicen. La ciudadanía, en cambio, queda en la oscuridad.
Claudia Sheinbaum esquiva preguntas sobre Ricardo Salinas Pliego y otros magnates. La explicación es técnica, legal, correcta. La realidad es otra: los poderosos juegan y nosotros miramos. Mientras tanto, millones de pesos viajan a Rumanía, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos. Dinero sucio disfrazado de ganancias legales. Y nadie parece asumir la culpa.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, admite lo obvio: los casinos, físicos o digitales, son un coladero de dinero ilícito. Nadie regula como debe, y la tecnología juega a favor de quienes quieren lavar millones sin mover un dedo en México.
El esquema usa a personas inocentes. Jóvenes, estudiantes, amas de casa, adultos mayores. Los engañan, les roban su identidad, los convierten en peones de un juego que no entienden. Apuestan dinero que nunca verán y, cuando se supone que ganan, el dinero desaparece al extranjero. Ellos no ganan nada. Nosotros no sabemos nada. Los criminales, en cambio, ríen desde sus oficinas.
La mecánica es sencilla y aterradora: identidad robada, apuestas ficticias, transferencias internacionales, retorno como ingresos legales. Repetido cientos, miles de veces. Cada movimiento parece “normal”, pero juntos forman un monstruo de impunidad.
¿Y qué acciones realiza el Estado? Modelos predictivos, tipologías sectoriales, algoritmos de inteligencia artificial. Suena moderno, eficiente, pero mientras tanto, los casinos y sus dueños siguen jugando con nuestra ley y nuestra paciencia. La prevención llega tarde, y la justicia parece un concepto más que una realidad.
Esto no es solo un problema financiero. Es un fracaso ético y moral. Mientras los poderosos lavan dinero con sofisticación, los ciudadanos seguimos siendo piezas de un tablero donde la ley parece una sugerencia, no un mandato.
