Por Chéster Hernández
El presunto desvío de 90 millones de pesos relacionados con dos empacadoras fantasma en Tecamachalco, Puebla, no es un simple señalamiento mediático ni una versión sin sustento. Se trata de un caso que, incluso, cuenta con una averiguación iniciada en la Fiscalía General del Estado en contra de integrantes de la familia Riestra, incluidos Rodrigo Riestra, lo que vuelve aún más grave la inacción de las autoridades responsables de garantizar justicia y transparencia.
A pesar de la existencia de este expediente en la FGE, el caso permanece estancado, sin avances públicos, sin responsables sancionados y sin una explicación clara sobre el destino de recursos que pertenecen a todos los poblanos. La cifra —90 millones de pesos— resulta escandalosa y preocupante en un estado con altos niveles de pobreza, rezago en el campo y necesidades urgentes en infraestructura y servicios básicos.
Desde hace años, ciudadanos de Tecamachalco han exigido que se investigue a fondo la operación de estas empacadoras fantasma, proyectos presentados como detonantes de desarrollo regional que nunca se materializaron, pero que terminaron convirtiéndose en símbolos de opacidad y posible corrupción. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está el dinero y quién se benefició de él?
La existencia de una averiguación en la Fiscalía General del Estado confirma que no se trata de rumores ni de ataques políticos, sino de un asunto que amerita una investigación seria, exhaustiva y pública. Sin embargo, el silencio institucional y la falta de resultados refuerzan la percepción de que en Puebla el apellido pesa más que la ley.
El Congreso del Estado de Puebla, que tiene la facultad de vigilar el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas, ha optado por la pasividad. No hay informes claros, no hay llamados contundentes y no hay presión real para que la Fiscalía esclarezca el caso. Esta omisión convierte al Poder Legislativo en corresponsable del desgaste institucional que genera la impunidad.
Los partidos políticos tampoco pueden lavarse las manos. Cuando existen investigaciones abiertas y señalamientos tan graves, el deber ético es exigir claridad, no cerrar filas ni guardar silencio. La ciudadanía observa con indignación cómo los discursos anticorrupción se diluyen cuando tocan intereses de grupo.
El caso de los 90 millones de pesos destinados a dos empacadoras fantasma en Tecamachalco es una prueba de fuego para las autoridades poblanas. Si existe una averiguación en curso, debe informarse su estado; si hay responsables, deben procesarse; y si hubo irregularidades, deben sancionarse sin distinción de nombres o cargos, incluido Rodrigo Riestra.
Puebla no necesita más promesas ni más expedientes empolvados. Necesita verdad, justicia y rendición de cuentas. Callar frente a una investigación abierta es permitir que la impunidad se consolide. La ciudadanía ya habló: exige respuestas y no descansará hasta obtenerlas.
