Por Chester Hernández.
Mientras el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan presume la adquisición de motopatrullas y equipo policial como si se tratara de un avance en materia de seguridad, la realidad detrás del uniforme es alarmante: muchos de los oficiales que patrullan las calles no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), el documento indispensable para acreditar que un elemento está capacitado para ejercer funciones de seguridad pública.
El CUP no es un trámite más; es una obligación legal que garantiza que el policía ha cumplido con la formación inicial, los exámenes de control de confianza, la evaluación del desempeño y la capacitación continua. Sin este certificado, cualquier agente en funciones es, en términos técnicos, un improvisado con placa. No se trata solo de una omisión administrativa, sino de un grave riesgo para la ciudadanía.
A pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido claro: quien no cuente con este certificado debe ser dado de baja, en San Martín Texmelucan persiste la simulación. La mayoría de los elementos siguen operando con el antiguo registro CUIP, ya sin validez legal ni operativa.
Resulta inadmisible que el presidente municipal, Juan Manuel Alonso, invierta recursos públicos en la compra de vehículos y uniformes mientras incumple con una de las exigencias más básicas: contar con una policía certificada. Este acto de negligencia institucional debería derivar en sanciones, tanto administrativas como políticas. No se puede tolerar que se maquille la inseguridad con fotos de patrullas nuevas mientras se ignora la calidad y legalidad del personal que las opera.
San Martín Texmelucan no necesita más simulación. Necesita una policía profesional, confiable y legalmente reconocida. De lo contrario, cada peso invertido en seguridad será solo propaganda disfrazada.
