Por Chester Hernández.
El exalcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui, se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un presunto daño patrimonial por 357 millones de pesos correspondiente a su cuenta pública 2023. La Auditoría Superior del Estado ha emitido observaciones graves que podrían derivar en acciones penales en su contra.
Entre las irregularidades más alarmantes se encuentra el gasto de 32 millones de pesos en combustible, cifra completamente desproporcionada si se considera que, durante su gestión, las patrullas municipales apenas contaban con combustible suficiente para operar. En colonias como Gobernadores, los rondines de seguridad eran escasos o inexistentes, lo que dejó a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad. ¿Dónde quedó ese dinero?
Aún más cuestionable resulta el gasto de 18 millones de pesos en medios de comunicación, sin que hasta el momento se conozca con precisión a qué empresas o periodistas fueron destinados estos recursos. En un contexto de opacidad y silencio mediático, es legítimo preguntar: ¿se pagó para callar o para maquillar la realidad?
Además, otro foco rojo es la reserva territorial Atlixcáyotl, donde supuestamente se invirtieron millones. Hoy, ese espacio se encuentra en completo abandono, sin señales de desarrollo ni beneficio tangible para los habitantes del municipio.
Por si fuera poco, la omisión también se convierte en complicidad. Su esposa, Guadalupe Cuautle, actual presidenta municipal, no ha realizado ninguna observación ni denuncia ante la Auditoría Superior del Estado. Su silencio, en lugar de transparencia, alimenta sospechas.
Lo que en apariencia fue una administración, hoy parece un esquema de saqueo institucional. La justicia deberá actuar, no solo contra quien desvió los recursos, sino también contra quien, por omisión o complicidad, permitió este presunto fraude millonario
