Por Chester Hernández
El hallazgo del cuerpo sin vida de Cruz del Pilar B., de apenas 22 años, el pasado 17 de mayo en campos de cultivo de la localidad de San Francisco Coapan, en el municipio de San Pedro Cholula, evidencia una vez más el profundo estado de abandono y descomposición en materia de seguridad que vive el municipio, gobernado por Tonantzin Fernández.
La joven, originaria de San Francisco Ocotlán —junta auxiliar del vecino municipio de Coronango—, fue vista por última vez el 16 de mayo alrededor del mediodía. Un día después, fue encontrada asesinada, con huellas visibles de violencia. Su muerte no solo es una tragedia personal para su familia y comunidad, sino también un reflejo brutal de la negligencia y omisión institucional de las autoridades cholultecas.
San Pedro Cholula se ha convertido en un municipio donde la violencia se oculta bajo discursos vacíos y simulaciones políticas. La presidenta municipal parece más ocupada en construir una imagen mediática que en atender la grave crisis de seguridad que se vive en sus calles y comunidades. A pesar de las constantes denuncias ciudadanas y del aumento de delitos de alto impacto, no hay una estrategia clara ni acciones contundentes que respondan a la realidad.
Es inadmisible que, mientras se multiplican los casos de desapariciones y feminicidios, los cuerpos de seguridad del municipio operen sin contar con los requisitos mínimos legales. Según fuentes confiables, muchos elementos policiales no han aprobado el examen de certificación del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CUP), lo que legalmente les impide portar armas. ¿Cómo puede garantizarse la seguridad de la ciudadanía cuando quienes deben protegerla ni siquiera están certificados?
Tonantzin Fernández debe responder con hechos, no con comunicados vacíos. El asesinato de Cruz del Pilar B. no puede ser un caso más en el archivo del olvido. Las mujeres de San Pedro Cholula merecen vivir sin miedo, y la ciudadanía entera exige una autoridad presente, responsable y eficaz. La impunidad, la omisión y el silencio institucional también matan.
