Por Chester Hernández
San Andrés Cholula vive nuevamente una movilización que pone en jaque el modelo de desarrollo urbano promovido desde el Ayuntamiento. Integrantes de los Pueblos Originarios del municipio, que se identifican como luchadores sociales y defensores del agua y la tierra, han vuelto a las calles para exigir inclusión en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU). Pero detrás de sus demandas legítimas también surgen interrogantes sobre los tiempos políticos y los posibles intereses ocultos.
Esta lucha no es nueva. Desde la administración de Leoncio Paisano, cuando se aprobó un PDU que favorecía ampliamente a intereses inmobiliarios, las comunidades originarias se manifestaron en contra. Durante el gobierno de Karina Pérez Popoca, lograron un avance importante: la suspensión de dicho plan y la promesa de crear uno nuevo, construido a través de foros participativos, en los que ellos tuvieran voz directa. Se frenaron varios proyectos inmobiliarios polémicos, entre ellos uno promovido por Norma Layón, que pretendía levantar un edificio de 20 pisos en pleno Tlaxcalancingo, a solo unas calles del núcleo organizativo de la resistencia.
Sin embargo, con la llegada de Edmundo Tlatehui, también del PAN, el tema volvió a encenderse. El edil buscó actualizar el PDU y, en respuesta, las organizaciones solicitaron a varias universidades un estudio técnico que analizara la viabilidad de sus propuestas. Aunque hasta ahora no se ha publicado ningún diagnóstico oficial, los líderes comunitarios afirman que los resultados respaldan su postura: limitar el crecimiento urbano, proteger los recursos naturales y respetar los usos y costumbres.
La defensa del territorio va más allá de una disputa técnica. Es una lucha por preservar una forma de vida y resistir la presión de desarrolladoras que, según denuncian, buscan apropiarse del suelo comunal y del agua, sin importar el impacto social o ambiental. La reciente controversia con el proyecto “PROYECTA 01”, que generó indignación por supuestas irregularidades, reactivó la movilización. Ahora, los pueblos no solo exigen que se les incluya en el nuevo PDU, sino también que se revisen todos los permisos otorgados desde la época de Paisano.
Pero el conflicto también tiene una dimensión política que no puede pasarse por alto. Varios integrantes del movimiento colaboraron en su momento con la administración actual de Guadalupe Cuautle, también panista. Su repentina ruptura ha levantado sospechas. ¿Por qué movilizarse ahora, si antes había diálogo? ¿Responde este movimiento a intereses comunitarios o es una estrategia para debilitar políticamente a Cuautle rumbo al proceso electoral de 2027?
Llama la atención que, a pesar de las tensiones, el gobierno local ha mantenido una postura ambigua. Mientras por un lado presume apertura, por otro evita una negociación clara y transparente con los pueblos originarios. Esto ha generado un vacío político que, sumado al descontento ciudadano por el avance desmedido de la urbanización, podría convertirse en un problema mayor.
Lo que está en juego no es solo un documento técnico ni una pugna entre partidos. Se trata del futuro del territorio, de la relación entre el Estado y las comunidades, y de un modelo de ciudad que debe repensarse desde abajo. La resistencia de los pueblos originarios interpela no solo al Ayuntamiento, sino a toda la sociedad: ¿qué tipo de desarrollo queremos?, ¿y para quién?
