Por Chester Hernández
Puebla.— Lo que se presenta como un proyecto turístico de desarrollo sustentable —el llamado Ecoparque de La Malinche— ha detonado una serie de tensiones sociales y políticas en la junta auxiliar de La Resurrección. Lejos de tratarse solo de una cuestión ambiental, los conflictos revelan una lucha por el poder local, marcada por intereses económicos, actos de violencia e impunidad institucional.
Al centro de esta controversia se encuentra Máximo Cuatlaxahue, personaje con fuerte influencia en la región, acusado por habitantes de haber convertido el comité de agua en una estructura de control político y económico. Señalan que este órgano funciona como un negocio privado, administrado por un grupo de incondicionales que impone tarifas arbitrarias, restringe el acceso al recurso y toma decisiones sin transparencia.
Lejos de frenar esta concentración de poder, el proyecto del Ecoparque parece buscar su expansión. El plan incluye infraestructura turística dentro del Parque Nacional La Malinche, una zona ambientalmente protegida. La obra avanza sin consulta pública ni autorización conocida por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Además, los vecinos han denunciado la apertura ilegal de caminos en el área, lo que constituye una violación directa al marco legal ambiental.
Pero las preocupaciones no terminan en el ámbito legal. El pasado 14 de febrero, integrantes del grupo de Máximo agredieron físicamente al edil auxiliar Miguel Floriberto Zapotitla Potrero, en un hecho que evidenció el uso de la violencia como instrumento de intimidación política. Este no es un caso aislado. En meses anteriores, familiares de Cuatlaxahue fueron detenidos por la policía y presentados ante un juez por delitos cometidos durante las elecciones de juntas auxiliares, lo que confirma un patrón de actuación al margen de la ley.
Por su parte, el Comité Indígena Municipal, encabezado por Alondra Cuatlaxahue, ha exigido transparencia, consulta abierta y participación comunitaria. Sin embargo, también ha sido cuestionado por algunos sectores que consideran que su activismo responde más a una estrategia de posicionamiento político que a una defensa genuina del territorio.
Lo más preocupante es que, ante toda esta situación, el gobierno municipal ha permanecido en silencio, sin emitir postura ni intervenir frente a las irregularidades ni los actos de violencia. Esta omisión no solo alimenta el conflicto, sino que refuerza la percepción de una autoridad rebasada o cómplice.
La Resurrección se encuentra en una encrucijada: resistir la captura del territorio por intereses particulares o permitir que se consolide un modelo de poder que utiliza los recursos comunitarios como plataforma política y negocio personal. Mientras tanto, La Malinche —uno de los pulmones naturales más importantes de la región— sigue esperando una defensa real, lejos del oportunismo y la simulación.
