Por Chester Hernández
El conflicto social en San Miguel Xoxtla, que derivó en la toma de la autopista México–Puebla por alrededor de 200 manifestantes, no es un movimiento ciudadano espontáneo, sino el producto de una operación política orquestada desde oficinas federales, con operadores bien conocidos y viejas alianzas que resurgen en medio de una guerra silenciosa contra el gobierno estatal.
Los nombres ya están sobre la mesa: René Sánchez Galindo, director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Beatriz Torres Turcios, actual delegada de Conagua en Puebla. Ambos han sido señalados como los instigadores del conflicto, presuntamente con respaldo logístico y político, operando bajo la bandera de la defensa del agua, pero con fines que distan de ser comunitarios.
Sánchez Galindo no es ajeno a la controversia: fue funcionario de confianza de Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla, cuyo paso por el poder dejó una estela de división en Morena. Perdió una candidatura a diputado federal en 2021 y más tarde fue integrado al equipo jurídico de Presidencia con López Obrador. Hoy, desde Semarnat, se le acusa de ser el cerebro detrás de la agitación en Xoxtla, usando como pantalla el supuesto descontento popular por el uso del pozo número 4.
A su lado opera Beatriz Torres Turcios, quien ha evitado hasta ahora el escrutinio público, pero cuyo pasado reciente comienza a levantar alertas. Durante la gestión de Gustavo Gaytán en Aguas de Puebla, empresa ampliamente señalada por prácticas abusivas en la gestión privada del recurso hídrico, Torres Turcios mantuvo vínculos operativos y de colaboración, de acuerdo con exfuncionarios del ramo. Hoy, como delegada estatal de Conagua, su actuación en el conflicto de Xoxtla podría responder más a lealtades anteriores que al interés público.
No se trata de una protesta improvisada. La presencia de Renato N., activista veracruzano sin lazos con Xoxtla, confirma que la movilización fue diseñada desde fuera, con recursos logísticos que incluyen transporte, lonas, equipo de sonido y alimentación, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿quién financia estos movimientos?
La exigencia de clausurar el pozo 4 bajo el argumento de que el agua se destinará a Puebla capital es una narrativa incompleta. La gestión del agua, en una zona metropolitana como la que comparten varios municipios poblanos, requiere visión integral, no discursos que apelan al resentimiento comunitario para incitar a la confrontación.
Detrás del discurso de los “pueblos originarios” y la “defensa del agua”, lo que parece emerger es una estrategia de presión contra el gobernador Alejandro Armenta, a quien algunos actores políticos de la vieja guardia aún ven como un adversario a vencer. Es el caso de Gustavo Gaytán, operador político que en su momento le jugó en contra a Armenta durante la campaña y que mantiene vínculos con actores que hoy ocupan posiciones en instancias federales.
La posibilidad de que el conflicto en Xoxtla sea una nueva forma de fuego amigo impulsado desde el gobierno federal o por sus exoperadores no es descabellada. Menos aún si se considera que Claudia Rivera Vivanco y un actual diputado local morenista siguen activos políticamente, operando desde las sombras con grupos como los que hoy bloquean carreteras.
El gobierno estatal debe poner atención no solo al origen del conflicto, sino al financiador del mismo. El uso del agua como herramienta de presión política es una traición a la ciudadanía. La defensa legítima del recurso hídrico no puede ser secuestrada por intereses privados, políticos o revanchas personales disfrazadas de activismo social.
Es momento de esclarecer el papel de los funcionarios federales que deberían servir al país, no sabotear gobiernos estatales desde dentro. La ciudadanía merece saber si quienes dicen proteger el agua están realmente cuidando el recurso o simplemente lo están usando para sacar ventaja política.
