Por Chester Hernández.
Puebla, Pue.— Bajo el pretexto de exigir la reconexión del servicio eléctrico, un grupo de habitantes de la colonia 20 de Noviembre, respaldados por la organización Antorcha Campesina, bloqueó este martes el Boulevard Carmelitas a la altura de la 139 Poniente. El cierre, que se extenderá hasta mañana al mediodía, representa un acto de presión que raya en el chantaje y vuelve a poner en entredicho las prácticas de esta agrupación.
Lejos de ser una protesta legítima de ciudadanos marginados, la manifestación forma parte de la vieja estrategia antorchista: movilizar, bloquear y exigir a cambio de nada. Los colonos, muchos de ellos asentados de forma irregular, exigen la «regularización» y el restablecimiento de la luz, sin antes cumplir con los procesos legales ni asumir responsabilidad alguna sobre los servicios que demandan.
Mientras miles de ciudadanos pagan puntualmente sus recibos, tramitan sus permisos y cumplen con las normas, este grupo opta por tomar las calles y condicionar el libre tránsito como forma de presión. La lógica del “todo gratis” que promueven organizaciones como Antorcha Campesina no solo es insostenible, sino profundamente injusta para quienes sí cumplen con la ley.
Es inadmisible que una ciudad como Puebla siga siendo rehén de este tipo de protestas que solo benefician a liderazgos clientelares acostumbrados a lucrar con la necesidad de la gente. Lo que Antorcha llama “justicia social” no es más que una fórmula perversa para seguir captando recursos y prebendas sin compromisos reales.
Urge que las autoridades municipales y estatales no cedan ante este tipo de presiones y pongan un alto definitivo a las extorsiones disfrazadas de protesta. La legalidad no puede seguir siendo opcional para algunos y obligatoria para todos los demás.
