Habitantes de la comunidad de San José Zetina, de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, denunciaron vivir aterrados y bajo el asedio de la empresa Azur Construcciones, propiedad de familiares (Pacheco Pensado), del ex gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, los mismos que a través de una amplia red de relaciones interinstitucionales promueven el acoso a los integrantes de la comunidad Náhuatl.
Félix Escalona Martínez, mujer indígena y luchadora social aseguró que los “empresarios” han intentado despojar a los pobladores de Zetina de las tierras que han probado que les pertenecen a cabalidad.
Recordó que como lo han dicho en otras ocasiones, se ha dado patente a la opinión pública y a las autoridades con documentación debidamente certificada de los triunfos legales ante los tribunales, que respaldan y dan fe de su legítimo derecho a esas tierras.
Recalcó que “el pasado de 10 de julio, cerca de las 8 de la noche los abogados que llevan el tema, les informaron que se estaba activando un protocolo de desalojo, solicitando a la Policía Estatal Preventiva así como a otras instancias de seguridad el apoyo con 600 efectivos” lo que queda de manifiesto en el oficio numerado 680/2025 dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, firmado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude Despojo, Daño en Propiedad Ajena y Robo de Ganado de la Fiscalía de Investigación Regional, Jorge Gregorio Campos Rosales, donde dicho documento a través de la relatoría de sellos oficiales al filo de las 7 de la noche de ese mismo día se autorizaba el operativo contra los indígenas de San José Zetina.
Escalona Martínez manifestó que como dueños de las tierras, estuvieron toda la noche esperando la llegada de los 600 policías, fue difícil pero lo vivimos, conforme pasaron las horas, cada patrulla a lo lejos, cualquier ruido extraño nos mantuvieron en vigilia, en alerta máxima por muchos días.
Los abogados buscaron en los expedientes el oficio numerado como 280/2025 con la intensión de hacer frente legal debidamente, resultando que dicho documento es totalmente falso, desapareció de las fojas de la oficialía de partes de Seguridad Pública y de la Fiscalia General del Estado, lo que ha llevado a los representantes de los indígenas a concluir que dicho documento es apócrifo y que alguien intento manipular a las autoridades para cometer lo que podría calificar de abuso.
Lo más llamativo es saber ¿quién o quiénes han sido capaces de trastocar la integridad de instituciones y hasta donde llega el largo brazo de la corrupción que manosea la ley a espaldas del gobernador?
