Por Chester Hernández
Tlaxcala, México. – La madrugada de este miércoles, una explosión causada por una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, obligó a evacuar de emergencia a más de 3,000 familias. Aunque no se reportaron víctimas mortales, la magnitud del riesgo volvió a evidenciar la negligencia de las autoridades ante el creciente problema del huachicoleo.
Los cuerpos de seguridad, en coordinación con autoridades locales y federales, se movilizaron rápidamente para evitar una tragedia mayor. Sin embargo, el operativo reactivo no borra el hecho de que esta situación pudo haberse evitado. El robo de combustible en Tlaxcala y municipios aledaños es una práctica conocida, persistente y, lamentablemente, cada vez más normalizada.
Vecinos de la zona declararon que desde días antes se percibía un fuerte olor a gasolina, y aunque se hicieron reportes, no hubo respuesta oportuna. “Tienen que esperar a que algo explote para que hagan caso”, comentó una de las personas evacuadas durante la madrugada.
El silencio oficial tras el incidente solo aumenta la desconfianza de la ciudadanía. Las acciones preventivas brillan por su ausencia, mientras las tomas clandestinas proliferan sin control. La falta de vigilancia efectiva, la posible complicidad de algunas autoridades y la impunidad con la que operan estas redes criminales continúan poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
Una vez más, Tlaxcala amanece con el susto de una tragedia que se pudo evitar. El huachicoleo no solo es un delito contra el patrimonio nacional; es una amenaza directa a la seguridad de comunidades enteras. ¿Hasta cuándo seguirán las autoridades actuando tarde y mal?
