Por Chester Hernández.
Puebla, México. — La podredumbre al interior de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado de Puebla no es solo una metáfora. En silencio, y bajo la complicidad de quienes deberían garantizar el orden, se está gestando una red de negocios turbios encabezada por foráneos que, al parecer, han encontrado un terreno fértil para operar sin restricciones.
Desde hace semanas, se reporta la presencia de individuos originarios del estado de Veracruz que han incursionado en los penales poblanos con un negocio tan lucrativo como ilegal: la venta de abarrotes, teléfonos celulares y los conocidos “cigarros de la risa”, un producto de dudosa procedencia que circula libremente entre los internos. La corrupción penitenciaria, vieja conocida de los sistemas de justicia estatales, parece haber mutado en un nuevo modelo empresarial criminal donde los internos son consumidores y las autoridades, cómplices por omisión o por conveniencia.
Mientras tanto, los directores de los diversos centros penitenciarios del estado intentan —algunos con verdadera preocupación, otros solo por cubrir el expediente— contener esta ola de ilegalidad que crece a la sombra de muros y rejas. Sin embargo, el mensaje desde las más altas esferas del sistema penitenciario ha sido claro: “o se alinean, o cuello”. En otras palabras, se avecina una purga o una consolidación del negocio, dependiendo de qué bando prevalezca.
Tenemos los nombres, aunque por el momento reservamos la identidad completa de los implicados en lo que podría convertirse en un escándalo de proporciones mayores. Por ahora, revelamos sus iniciales: JAC, OSG, JCB y MJ. Funcionarios que, según diversas fuentes, ya han sido señalados por su cercanía con los operadores veracruzanos o por cerrar los ojos ante lo evidente.
La sociedad poblana merece respuestas. Y sobre todo, acciones. Porque mientras los penales sigan siendo tierra de nadie, no hay reinserción posible… solo crimen bien administrado.
No puede haber crimen organizado cuando existe el orden público.
