Por Chester Hernández
San Pedro Cholula, Pue. — Tarde, pero llegó. Al síndico municipal de San Pedro Cholula, Iván N., le cayó finalmente la voladora de la justicia. Luego de múltiples señalamientos y sospechas sobre su actuar, un juez de control en materia penal ha determinado vincularlo a proceso por el delito de falsedad de declaraciones dadas a una autoridad. Un cargo que, más allá de lo legal, confirma lo que muchos ciudadanos ya intuían: que el poder público en sus manos fue mal utilizado.
Durante la audiencia celebrada esta semana, el juez impuso medidas cautelares ejemplares: suspensión inmediata del cargo, firma periódica ante la autoridad, prohibición de salir del país y restricciones para acercarse tanto a las oficinas de la sindicatura como al contralor municipal. Es decir, se le está quitando —aunque sea temporalmente— el acceso a los espacios donde se presume cometió sus abusos.
El caso de Iván N. no es menor. Representa un síntoma más de la profunda crisis de ética y legalidad que atraviesan muchos gobiernos municipales. Mientras el discurso oficial habla de transparencia y rendición de cuentas, algunos funcionarios operan con total impunidad, creyéndose intocables.
Hoy, al menos por este caso, la justicia ha comenzado a hacer su trabajo. Pero no basta con una vinculación a proceso: se requiere una investigación profunda, sanciones ejemplares y una revisión crítica de cómo se permite el acceso al poder. Porque cuando un servidor público miente a una autoridad, no solo traiciona la ley, también traiciona la confianza de toda una comunidad.
Ojalá este sea el principio del fin de los “intocables” en la política local.
