Por Chéster Hernández
La tarde de hoy, alrededor de las 15:30 horas, la irresponsabilidad de un conductor del Sistema de Transporte Universitario (STU) estuvo a punto de convertirse en una tragedia que, de haberse consumado, habría sido absolutamente evitable. El incidente ocurrió en la intersección de la 105 Poniente y la calle Sonora, un punto con flujo constante de peatones y transporte público, donde la prudencia debería ser una obligación y no una opción.
De acuerdo con los hechos presenciados por estudiantes y transeúntes, el chofer que se identifica como Richard Marín, operador de la Unidad 17 del STU, con placas 2-MUD-53, correspondiente a la ruta CU–San Ramón, realizó una maniobra de rebase temeraria, sin la visibilidad ni las condiciones mínimas de seguridad para hacerlo. Esta acción imprudente casi provoca un accidente de graves consecuencias, al punto de estar a escasos segundos de atropellar a un padre y a su hijo que esperaban el transporte público en el carril contrario.
Ante la inminencia del impacto, el conductor reaccionó de manera abrupta: dio un volantazo y frenó de forma violenta, lo que generó caos al interior de la unidad. Los estudiantes que viajaban de pie fueron empujados unos contra otros, perdiendo el equilibrio y quedando expuestos a posibles lesiones. Aunque, por fortuna, no se reportaron heridos de gravedad, el riesgo al que fueron sometidos resulta inadmisible para un servicio que presume ser seguro y confiable.
Este tipo de conductas evidencian una preocupante falta de capacitación, supervisión y control por parte de las autoridades responsables del STU. No se trata de un simple “error humano”, sino de una cadena de negligencias que comienzan con la imprudencia del operador y continúan con la aparente tolerancia institucional hacia prácticas peligrosas al volante. Un transporte universitario no solo traslada personas: transporta vidas, proyectos y futuros que no pueden quedar a merced de decisiones irresponsables.
Resulta alarmante que, en pleno horario de alta afluencia estudiantil, un conductor decida anteponer la prisa o la imprudencia a la seguridad básica. ¿Cuántos incidentes más deben ocurrir para que se tomen medidas reales? ¿Es necesario esperar una tragedia para exigir sanciones ejemplares y una revisión profunda de los protocolos de conducción?
Los estudiantes, padres de familia y ciudadanos merecen un transporte digno, seguro y profesional. Lo ocurrido hoy no debe quedar en el olvido ni reducirse a una anécdota más. Exige una investigación inmediata, el deslinde de responsabilidades y acciones contundentes para evitar que la negligencia vuelva a poner en riesgo la vida de quienes confían diariamente en el Sistema de Transporte Universitario.
