Por Chester Hernández
El anuncio del coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, hecho el pasado 5 de febrero, pretendió enviar un mensaje de firmeza institucional: la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas sancionó al ex titular de la Secretaría de Cultura de Puebla, Sergio Vergara Berdejo, poco antes de su fallecimiento. Tanto el ex funcionario barbosista como su ex directora administrativa fueron declarados responsables por irregularidades relacionadas con la adquisición e instalación de chips de seguridad en el acervo de la Biblioteca Palafoxiana.
En el papel, la noticia suena a rendición de cuentas. En los hechos, deja un regusto amargo. La sanción llega tarde, cuando el principal señalado ya no puede responder ante la ley ni ante la sociedad. Se castiga el expediente, pero no se corrige el sistema que permitió las irregularidades. Se anuncia justicia administrativa, pero no se toca la red de complicidades que hizo posibles los abusos.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirven estas medidas si personajes cercanos a Vergara permanecen incrustados en la actual administración? En el gobierno de Alejandro Armenta continúan perfiles que, por acción u omisión, tuvieron conocimiento de lo que ocurría al interior del acervo cultural. El caso de Daniela —señalada por conocer presuntos desvíos de recursos del Fonca destinados al mantenimiento de los portones de la catedral, así como la adjudicación de propiedades en el Centro Histórico— ilustra la persistencia de una estructura que no ha sido desmontada.
No basta con exhibir un fallo administrativo si no se investiga a fondo la cadena de responsabilidades. La omisión también es una forma de participación. Callar ante el uso indebido de recursos públicos, mirar hacia otro lado mientras se desvían fondos destinados al patrimonio cultural o guardar silencio frente al presunto enriquecimiento irregular no es neutralidad: es complicidad.
La Biblioteca Palafoxiana, orgullo histórico de Puebla y símbolo del patrimonio documental de América Latina, merece algo más que comunicados oficiales. Merece transparencia plena, auditorías exhaustivas y consecuencias reales para todos los involucrados, sin importar cercanías políticas ni lealtades personales.
Si el gobierno estatal busca credibilidad, debe demostrar que la lucha contra la corrupción no termina con un nombre en una resolución administrativa. La verdadera prueba está en romper las redes de protección, investigar a quienes sabían y no denunciaron y garantizar que el patrimonio cultural no vuelva a convertirse en botín. De lo contrario, las sanciones serán apenas un gesto tardío en un sistema que sigue premiando la impunidad.
