Chester Hernández
La reciente fuga del penal de Cholula ha desatado una ola de indignación y sospechas que las autoridades no han sabido —o no han querido— disipar. El escape de Ernesto Castellanos Bernal no solo evidencia fallas graves en la seguridad penitenciaria, sino que abre la puerta a versiones que apuntan a una presunta red de complicidades al interior del centro de reclusión.
De acuerdo con testimonios recabados entre personal y fuentes cercanas al penal, la evasión no habría sido un hecho improvisado. Por el contrario, “se dice y se cuenta” que fue planeada con antelación y que contó con la participación de funcionarios con poder de decisión. Las versiones más delicadas señalan que el ahora prófugo mantenía vínculos cercanos con personajes influyentes, entre ellos Erwin Prado Triana, originario de Veracruz, a quien identifican como su compadre y pieza clave en la presunta operación.
Las acusaciones van más allá. Al interior del penal circula la versión de que Castellanos Bernal habría sido colocado estratégicamente para facilitar el ingreso de droga, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, controlando incluso la venta de abarrote dentro del centro penitenciario. Este esquema, según las fuentes, le habría permitido tejer una red de poder que generó tensiones con autoridades municipales, con quien presuntamente existieron confrontaciones por el control interno del penal.
Los señalamientos más graves apuntan directamente al director del centro penitenciario y al área jurídica, quienes, según estas versiones, habrían orquestado la fuga mediante acuerdos económicos y omisiones deliberadas en los protocolos de seguridad. Se habla incluso de un “gran moche” como parte del arreglo que permitió la salida del interno sin resistencia ni alertas oportunas.
Hasta ahora, la información oficial ha sido escueta y carente de detalles. No se han explicado con claridad las circunstancias del escape, ni se ha informado de sanciones concretas contra los responsables. El hermetismo solo alimenta la percepción de que la corrupción sigue enquistada en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
La fuga de Ernesto Castellanos Bernal no es un hecho aislado: es el síntoma de un sistema penitenciario vulnerable a la complicidad y al abuso de poder. La sociedad merece respuestas claras, investigaciones imparciales y consecuencias firmes. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo la norma y las cárceles continuarán operando bajo lógicas ajenas a la legalidad.
