Chéster Hernández
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, vuelve a colocarse en el centro de la polémica, no por avances en materia de seguridad pública, sino por una agenda que parece alejada de las verdaderas prioridades del municipio. Mientras la ciudad enfrenta desafíos crecientes en inseguridad, el edil ha optado por protagonizar actos públicos de entrega de certificados “Hecho en México”, una estrategia que puede resultar vistosa, pero que poco resuelve los problemas estructurales que aquejan a la capital poblana.
La seguridad no admite distracciones ni simulaciones. Si algo debería ocupar la atención central del Ayuntamiento es la profesionalización integral de los cuerpos policiacos. En este rubro, la omisión resulta grave. Los elementos no sólo deben contar con el examen de control y confianza; es indispensable que tengan completo el Certificado Único Policial (CUP), un requisito fundamental para garantizar que quienes portan un uniforme y un arma estén debidamente capacitados y evaluados.
El CUP no es un trámite opcional ni un mero formalismo administrativo. Para estar completo, exige formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas o profesionales y evaluación del desempeño, además del propio control de confianza. Estos lineamientos no son una sugerencia política ni una ocurrencia burocrática: están claramente establecidos en el artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ignorarlos no sólo evidencia falta de prioridad, sino también desconocimiento de la ley o desinterés por cumplirla cabalmente.
Resulta preocupante que, en lugar de transparentar cuántos policías municipales cuentan con el CUP completo y cuántos no, la administración prefiera centrar reflectores en campañas de promoción económica. Puebla no necesita ceremonias simbólicas cuando la ciudadanía exige resultados tangibles en materia de seguridad, profesionalización y rendición de cuentas.
Si José Chedraui aspira a la reelección, primero debería demostrar que entiende la responsabilidad constitucional y legal que implica encabezar la seguridad pública municipal. Gobernar no es posar para la fotografía ni multiplicar certificados decorativos; es garantizar que cada elemento policial cumpla con todos los requisitos legales y profesionales para proteger a la población.
La ley es clara. La obligación también. Lo que está en duda es la voluntad política del alcalde para cumplirla y asumir, sin evasivas, la responsabilidad que el cargo le impone frente a los poblanos.
