Por Chéster Hernández
La memoria pública suele ser selectiva, pero los expedientes incómodos no desaparecen por decreto. En Puebla —y en otras entidades del país— aún resuena el nombre de aquel presunto huachicolero apodado “El Cachetes”, símbolo de una red que durante años drenó combustible ante la mirada, cuando menos, complaciente de autoridades y actores políticos. El fenómeno del robo de hidrocarburos no fue una anécdota aislada: fue una estructura que mezcló crimen, dinero y silencios estratégicos.
En ese contexto, tampoco pasó inadvertido el episodio en el que un grupo de empresarios obsequió una camioneta Suburban al entonces senador Javier Lozano Alarcón. El regalo —que en cualquier democracia sólida habría detonado investigaciones exhaustivas— se diluyó entre explicaciones tibias y justificaciones formales. La pregunta de fondo sigue vigente: ¿qué compromisos se tejen cuando el poder político y el poder económico intercambian favores de alto valor?
Entre los nombres que circularon entonces figuró el del empresario Leodegario Pozos, hermano de la diputada Delfina Pozos. La cercanía familiar, por sí misma, no constituye delito; pero en política la percepción importa tanto como los hechos. Cuando existen antecedentes de relaciones empresariales polémicas, el silencio no ayuda: alimenta sospechas.
Más inquietante resulta la aparente renuencia de la legisladora a fijar postura clara sobre el huachicol, un flagelo que desangró recursos públicos y fortaleció estructuras criminales. En un país donde el combate a la corrupción se enarbola como bandera permanente, evitar el tema equivale a enviar un mensaje contradictorio. La representación popular exige transparencia, no evasivas.
A ello se suma el respaldo político que distintos actores brindaron en su momento a Luisa María Calderón, conocida como “Cocoa”, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en contiendas en Michoacán. Las alianzas no son ilegales; lo cuestionable es la opacidad cuando quienes participan han sido vinculados mediáticamente con prácticas empresariales controvertidas. La congruencia política debería ser algo más que un discurso de campaña.
La ciudadanía merece explicaciones puntuales: ¿qué relación real existió entre aquellos empresarios y los actores políticos mencionados? ¿Hubo beneficios posteriores, contratos, protección o simple coincidencia? El silencio prolongado erosiona la confianza pública y profundiza la percepción de impunidad.
En tiempos donde la exigencia social es mayor que nunca, callar no es neutral: es tomar partido por la opacidad. Y mientras no haya respuestas claras, los episodios del huachicol, los regalos suntuosos y las alianzas convenientes seguirán siendo una sombra persistente sobre la credibilidad de quienes hoy ocupan cargos públicos.
