Por Chéster Hernández
Esta mañana, integrantes de Antorcha Campesina volvieron a recurrir a una de sus tácticas más conocidas: el bloqueo de vialidades como mecanismo de presión. En esta ocasión, la 14 Oriente, a la altura de Casa Aguayo, fue cerrada, afectando a cientos de ciudadanos que nada tienen que ver con las demandas del grupo, pero que una vez más pagan las consecuencias de estas acciones.
El argumento de los manifestantes es exigir obras públicas a la empresa Agua de Puebla. Sin embargo, la exigencia abre cuestionamientos inevitables: ¿con qué fundamento se demandan servicios cuando, en múltiples zonas del sur de la ciudad vinculadas a esta agrupación, existe un historial de falta de pago por el servicio de agua? La exigencia de banquetas, pavimentación y otras obras parece sustentarse más en la presión política que en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas.
Al frente de parte de este grupo se encuentra Lluvia Sánchez Hernández, quien, como otros líderes de la organización, encabeza movilizaciones bajo un discurso social que, en la práctica, genera dudas sobre su legitimidad. Vecinos y críticos han señalado reiteradamente que, mientras se exige al gobierno y a empresas la entrega de servicios “gratuitos”, la propia organización impone cobros internos a quienes habitan en sus zonas de influencia: cuotas, rentas y otros pagos que no siempre son transparentes.
Esto conduce a una pregunta clave: ¿a dónde va ese dinero? La opacidad en el manejo de recursos dentro de Antorcha Campesina ha sido señalada durante años. Las acusaciones apuntan a que dichos fondos terminan beneficiando a sus dirigentes, quienes han mantenido un estilo de vida sostenido, precisamente, por estas prácticas de presión y control territorial.
El problema de fondo no es únicamente el bloqueo de una calle más. Es la persistencia de un modelo que privilegia la confrontación, el chantaje y la falta de rendición de cuentas. Mientras no exista claridad en el manejo de recursos ni responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones básicas, las demandas de este tipo de agrupaciones seguirán perdiendo legitimidad ante la ciudadanía.
Porque exigir derechos sin cumplir deberes no es justicia social: es abuso.
