Por Chéster Hernández
San Andrés Cholula, Puebla. — Lo que comenzó como una legítima exigencia de transparencia por parte de vecinos del fraccionamiento Vistas del Ángel, hoy se ha convertido en un conflicto marcado por la opacidad, el autoritarismo y la abierta descomposición administrativa de su mesa directiva.
Desde noviembre de 2025, condóminos han solicitado de manera reiterada información financiera clara sobre el manejo de los recursos del fraccionamiento: ingresos, egresos y comprobantes. A más de cinco meses de distancia, la respuesta ha sido evasiva, incompleta o, de plano, inexistente. La negativa sistemática a rendir cuentas no solo viola principios básicos de administración, sino que alimenta la sospecha de posibles irregularidades en el uso del dinero de los propios vecinos.
La situación escaló rápidamente. El 8 de enero de 2026, los afectados acudieron ante la autoridad municipal para solicitar la intervención de Sindicatura. Un día después, en asamblea, se conformó una comisión vecinal integrada, entre otros, por Agustín Arias Sánchez, José Luis Macedo Méndez y David Oswaldo Romero Quitl, con el objetivo de dar seguimiento al conflicto. Sin embargo, lejos de encaminar una solución, los hechos posteriores evidenciaron un deterioro aún mayor en la convivencia y la gobernanza interna.
El 13 de enero se documentaron prácticas que rozan el abuso de poder: restricciones arbitrarias a proveedores, limitaciones operativas dentro del fraccionamiento y aumentos de cuotas sin respaldo verificable en actas de asamblea. Particularmente grave fue la decisión de limitar el acceso de paquetería después de las 20:00 horas, afectando incluso la entrega de medicamentos, una medida que puso en riesgo el bienestar de los residentes.
A pesar de diversas mesas de trabajo, los compromisos asumidos por la administración encabezada por Laura Meléndez Pérez han quedado en papel mojado. Promesas de transparencia, como la difusión de información financiera o la continuidad de esquemas de mantenimiento previos, simplemente no se han cumplido. En la reunión del 25 de enero en Sindicatura Municipal, la propia administradora rechazó rendir cuentas desde el inicio de su gestión, evidenciando una postura de cerrazón incompatible con cualquier ejercicio democrático.
La falta de rendición de cuentas llevó a los vecinos a promover un procedimiento de arbitraje el 16 de febrero. No obstante, el proceso se vio empañado por decisiones cuestionables de la propia autoridad. El 4 de marzo, el funcionario encargado declaró improcedente el arbitraje y sugirió, en cambio, un convenio con la administradora, lo que fue percibido por los vecinos como una salida que eludía el fondo del problema.
Dicho convenio obligaba a la entrega de documentación financiera, su revisión por parte de los condóminos y la realización de una asamblea general el 29 de marzo. Nada de ello se cumplió cabalmente. La información entregada el 9 de marzo, a través de una memoria USB, resultó ser un conjunto desordenado de archivos irrelevantes e incompletos. Incluso ante la evidencia, la autoridad evitó dejar constancia clara de las irregularidades, limitándose a señalar que “no existe certeza” sobre la integridad de la información.
La situación alcanzó niveles alarmantes el 11 de marzo, cuando se impidió el cotejo de documentos acordado previamente. Lejos de facilitar la transparencia, la administración optó por retirar la documentación y lanzar acusaciones personales contra integrantes de la comisión vecinal, en lo que parece un intento de desviar la atención y desacreditar a quienes exigen cuentas claras.
Días después, el 13 de marzo, se consumó otro incumplimiento: la asamblea general pactada no se llevó a cabo. La administradora abandonó el proceso de convocatoria y, según testimonios, amenazó con escalar el conflicto a instancias estatales, además de advertir que utilizaría recursos de los condóminos para cubrir gastos legales en caso de un juicio civil. De confirmarse, esta intención representaría un uso indebido de fondos que agravaría aún más la crisis.
Hoy, el fraccionamiento Vistas del Ángel se encuentra atrapado en una dinámica de desconfianza, falta de legalidad y ausencia total de rendición de cuentas. La mesa directiva no solo ha incumplido acuerdos formales ante la autoridad municipal, sino que ha ignorado reiteradamente las demandas legítimas de los vecinos.
El caso expone no solo la fragilidad de los mecanismos de control interno en este tipo de desarrollos habitacionales, sino también la tibieza institucional frente a conflictos que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. La exigencia de los vecinos es clara y legítima: transparencia, legalidad y respeto.
Mientras estas demandas sigan siendo ignoradas, Vistas del Ángel no será un espacio de convivencia, sino el reflejo de una administración que ha optado por el ocultamiento y la imposición en lugar del diálogo y la rendición de cuentas.
