Autoridades atribuyen rezago a la complejidad del delito y denuncias tardías; aseguran que desde 2021 hay resultados concretos
Durante años, Tlaxcala ha sido señalado a nivel nacional como un foco rojo en el delito de trata de personas, particularmente por redes de explotación sexual vinculadas a municipios del sur del estado. Sin embargo, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseguran que actualmente se registran avances en la atención y sanción de este delito, tras un periodo prolongado sin resultados.
Al presentar los resultados en delitos de alto impacto, la fiscal general Ernestina Carro Roldán reconoció que el estigma persiste, pero sostuvo que este también responde a un rezago institucional de administraciones pasadas, donde según datos oficiales no se registraban sentencias, vinculaciones a proceso ni órdenes de aprehensión en materia de trata.
“En años anteriores todo aparecía en ceros: no había sentencias, no había vinculaciones, no había órdenes de aprehensión. Es a partir de 2021 cuando se empiezan a generar resultados”, explicó.
De acuerdo con la Fiscalía de Trata de Personas, encabezada por Miriam Flores Hernández, en 2024 se obtuvieron 13 sentencias condenatorias y en 2025 un total de 10, mientras que en lo que va de 2026 ya suman tres sentencias más, acumulando más de 300 años de prisión para responsables.
Estas cifras contrastan con años previos, cuando organizaciones civiles y reportes federales señalaban a Tlaxcala como una de las principales entidades de origen de víctimas de trata en el país, sin que ello se reflejara en procesos judiciales concluidos.
Especialistas y diagnósticos, como los elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la entonces Procuraduría General de la República, documentaron durante la década pasada la operación de redes familiares dedicadas a la captación y explotación de mujeres, principalmente en comunidades como Tenancingo.
Ante este contexto, la fiscal general explicó que uno de los factores que incide en la percepción de falta de resultados es la propia naturaleza del delito, ya que las víctimas suelen denunciar años después de haber sido explotadas.
“Una víctima pudo haber iniciado esta situación en 2017 y denunciar hasta 2025 o 2026. Eso implica que el delito ocurrió antes, pero la investigación comienza mucho después”, detalló.
Por su parte, la fiscal Miriam Flores Hernández subrayó que la trata de personas es un delito complejo, de realización oculta y con múltiples etapas que deben acreditarse ante un juez.
“Tenemos que comprobar cómo la víctima fue captada, enganchada, trasladada y explotada. Muchas veces el único testigo es la propia víctima, lo que hace más difícil la investigación”, explicó.
Añadió que las víctimas suelen encontrarse en condiciones de sometimiento o dentro de círculos de violencia, lo que retrasa la denuncia y, en consecuencia, el acceso a la justicia.
Además, la Fiscalía destacó que actualmente se trabaja en coordinación con otras entidades federativas e incluso con instancias internacionales como Interpol, con el objetivo de desarticular redes y lograr sentencias condenatorias.
En el informe también se precisó que, aunque el número de carpetas judicializadas ha variado 10 en 2024 y ocho en 2025, el enfoque se ha centrado en fortalecer la integración de los casos para garantizar resultados en tribunales.
Pese a estos avances, el estigma sobre Tlaxcala persiste, alimentado por años de impunidad, la visibilidad mediática del fenómeno y la permanencia de redes delictivas. No obstante, las autoridades sostienen que los datos actuales reflejan un cambio en la estrategia institucional, orientado a la investigación, judicialización y sanción efectiva del delito.
