Por Chéster Hernández.
El viejo dicho de los marineros que dejan un amor en cada puerto ha encontrado una versión aún más preocupante en la política local: funcionarios que parecen dejar no solo afectos, sino también responsabilidades, en cada ayuntamiento que pisan. Acatlán es hoy el ejemplo más crudo de esta distorsión del servicio público.
La alcaldesa Guadalupe Bárcenas no enfrenta una simple polémica, sino un desgaste acelerado de legitimidad. Los rumores sobre una relación con su mando de seguridad no serían más que un asunto privado si no fuera por el contexto en el que estallan: un municipio rebasado por la violencia y una administración incapaz de contenerla. Cuando la seguridad pública falla, cualquier señal de cercanía indebida dentro de la cadena de mando deja de ser anecdótica y se convierte en un síntoma de descomposición institucional.
La advertencia del titular estatal de seguridad, Francisco Sánchez González, fue más que un llamado de atención: fue un deslinde. El mensaje dirigido al teniente Juan Alberto Domínguez dejó claro que, mientras en Acatlán se juega a la política de relaciones personales, el Estado exige resultados que simplemente no llegan. Y no llegan porque la prioridad parece estar en otro lado.
Las cifras son contundentes y, sobre todo, implacables. El aumento en carpetas de investigación, la violencia familiar desbordada, las lesiones dolosas al alza y la persistencia de desapariciones y homicidios dibujan un escenario de crisis. No es percepción: es realidad documentada. Y frente a esa realidad, la autoridad municipal luce ausente, dispersa o, peor aún, indiferente.
Como si el deterioro interno no fuera suficiente, la alcaldesa protagoniza una segunda polémica que raya en la provocación. Las imágenes en París —entre restaurantes exclusivos, marcas de lujo y escenarios de élite— no solo exhiben un estilo de vida cuestionable, sino una desconexión alarmante con la situación que enfrenta su municipio. No es un viaje: es un mensaje. Y el mensaje es devastador.
Mientras Acatlán enfrenta violencia, su autoridad pasea. Mientras las familias lidian con el miedo, el gobierno presume lujo. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, la realidad muestra derroche. La incongruencia no es menor: es un golpe directo a la credibilidad institucional.
Aquí no caben matices ni excusas. Las preguntas son incómodas porque son necesarias: ¿con qué recursos se financian estos viajes? ¿Quién autorizó esa agenda? ¿Qué justifica esa distancia —geográfica y política— en medio de una crisis? El silencio, hasta ahora, solo agrava la sospecha.
El problema ya no es la vida privada de una funcionaria. Es el uso del poder sin responsabilidad, la frivolidad en el ejercicio del cargo y la ausencia de resultados en un contexto que exige todo lo contrario. Acatlán no necesita una administración distraída en romances ni en escapadas internacionales; necesita gobierno.
Porque cuando el poder se ejerce con ligereza, las consecuencias las paga la ciudadanía. Y hoy, en Acatlán, el costo es cada vez más alto.
