- El dictamen amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para mejorar el control sobre el uso de los recursos públicos.
Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia y de Estudios Legislativos Primera, que presiden los senadores Francisco Daniel Barreda Pavón y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aprobaron el dictamen para fortalecer el sistema de fiscalización y el combate a la corrupción en nuestro país.
El proyecto, que fue aprobado con 28 votos, modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la incorporación de herramientas normativas, técnicas y operativas que permitan un mejor control del uso de los recursos públicos federales.
Se trata de reformas que fortalecen a la ASF como órgano técnico del Estado, moderniza sus procedimientos, mejora la trazabilidad del gasto público, amplía sus capacidades de investigación y consolida su coordinación institucional y la participación ciudadana.
Además, se incorporan herramientas tecnológicas y robustecen los mecanismos de investigación y responsabilidad administrativa; se imponen multas, no sólo cuando exista una falta total de atención a los requerimientos de información de la Auditoría, sino cuando el incumplimiento sea parcial u omiso.
Entre las disposiciones se destaca la creación de un registro de información y datos relacionados con los recursos federales, para mejorar su trazabilidad y seguimiento, el cual será coordinado por la ASF y su información abastecida por los entes públicos.
También se establecen sanciones ante el incumplimiento de la entrega de información, así como el fortalecimiento de las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias que podrán realizar en cualquier momento.
La propuesta plantea atribuciones de la Auditoría para que pueda investigar en cualquier momento presuntas faltas administrativas graves, ya sea de oficio o derivadas de denuncia, con independencia del proceso ordinario de fiscalización y del ejercicio fiscal del que se trate.
El proyecto establece mayor certeza a los tiempos de procedimiento, ya que la ASF se pronunciará en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas de las entidades fiscalizadas, y para determinar si existe no solvencia, archivo o conclusión.
El documento incorpora mecanismos que modernizan el proceso de fiscalización, como el uso de medios electrónicos, y se establecen plazos claros para la emisión de dictámenes técnicos, lo que contribuye a brindar mayor certeza jurídica.
De la misma forma, se fortalecen los esquemas de coordinación con las entidades de fiscalización locales, bajo un modelo de colaboración que no implica la delegación de facultades, y se consolida la participación ciudadana como un elemento clave en la detección de posibles irregularidades.
El senador Francisco Daniel Barreda Pavón expresó que las reformas representan un avance importante para garantizar mayor transparencia, rendición de cuentas y un uso más eficiente de los recursos públicos, con el propósito de fortalecer el sistema de fiscalización superior en el país.
Además, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que el proyecto tiene la finalidad de contar con una fiscalización más efectiva, oportuna y robusta, que contribuya a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos federales.
Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, aseguró que la rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación; por ello este dictamen fortalece las capacidades de la ASF para que cuente con herramientas más robustas para investigar, detectar y sancionar irregularidades en el uso de recursos públicos, porque cada peso público debe ser ejercido con responsabilidad, legalidad y un profundo sentido de justicia social.
Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, expresó que el dictamen responde a la exigencia ciudadana para que los recursos se usen bien y que quien los maneja rinda cuentas claras, porque cada peso que se ejerce proviene del esfuerzo de las y los mexicanos y cuando ese dinero no se utiliza correctamente, no sólo hay un problema administrativo sino de confianza.
Del PRI, Pablo Guillermo Angulo Briceño consideró que nuestro país enfrenta una enorme crisis de corrupción y de credibilidad en las instituciones, por lo que esta reforma genera mayor trazabilidad de los recursos, consecuencias reales en las auditorías y sanciones a quienes cometan actos de corrupción.
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, dijo que fortalecer las áreas de fiscalización del Estado mexicano es una tarea pendiente y debe ser una tarea permanente, y esa reforma va en ese sentido, toda vez que robustece a la Auditoría Superior de la Federación para investigar actos de corrupción de manera más rápida y directa.
