Por Chéster Hernández.
En el escenario político actual, las encuestas han dejado de ser herramientas de medición para convertirse, en muchos casos, en instrumentos de manipulación. Bajo la apariencia de rigor técnico, diversas casas encuestadoras operan con opacidad, respondiendo más a intereses económicos y partidistas que a la realidad social que dicen reflejar.
El problema no es menor. Hoy proliferan encuestadoras de dudosa procedencia que publican resultados sin cumplir con los estándares mínimos que garanticen su validez. Una encuesta seria debe transparentar información esencial: estar registrada ante el instituto electoral correspondiente, especificar la metodología utilizada, el tamaño de la muestra, el margen de error, así como, de manera crucial, quién financió el estudio y a quién se facturó. Sin estos elementos, cualquier resultado carece de sustento y credibilidad.
Sin embargo, lo que predomina es la llamada “encuestitis”: una avalancha de cifras que, lejos de informar, buscan influir en la percepción pública. Se trata de encuestas “a modo”, diseñadas para posicionar candidatos o partidos, muchas veces mediante datos manipulados o interpretaciones sesgadas. En este contexto, la pregunta ya no es qué dicen las encuestas, sino cuánto costó el resultado y quién pagó por él.
Particularmente preocupante es la tendencia de ciertos ejercicios demoscópicos que favorecen sistemáticamente a partidos identificados con el color azul, aun cuando la percepción ciudadana apunta en sentido contrario. La realidad cotidiana de inseguridad, deficiencias en la gestión pública y falta de transparencia en el uso de los recursos contrasta con los supuestos niveles de aprobación que estas encuestas difunden.
Esta desconexión entre los datos publicados y la experiencia real de la ciudadanía evidencia que muchas encuestas no buscan retratar el sentir social, sino moldearlo. Se convierten así en propaganda disfrazada de análisis técnico, en un negocio donde el mejor postor define los resultados.
No obstante, conviene recordar una verdad elemental que a menudo se pierde entre gráficos y porcentajes: las encuestas no votan. La última palabra la tiene el ciudadano en las urnas. Por más que se intente construir narrativas favorables desde el papel, el veredicto final pertenece a una sociedad que, cada vez más, exige transparencia, honestidad y rendición de cuentas.
Frente a este panorama, urge mayor regulación, vigilancia institucional y, sobre todo, una ciudadanía crítica que no se deje engañar por cifras sin sustento. Porque cuando la información se distorsiona, no solo se afecta la percepción pública, sino la calidad misma de la democracia.
Muchas encuestadoras terminan siendo, encuestadoras “patito” con resultados cua cua.
