Por Chéster Hernández.
¿Promoción personal o desvío de recursos públicos?
La escena no fue discreta ni menor. Durante el desfile del 5 de mayo en Puebla, una celebración histórica que conmemora la resistencia nacional, lo que debía ser un acto cívico se vio empañado por la distribución masiva de souvenirs: sombrillas, abanicos, gorras y botellas de agua rotuladas con el nombre de Laura Artemisa García Chávez, actual secretaria de Bienestar en la entidad.
El hecho, por sí mismo, no pasaría de ser una estrategia de promoción personal si no fuera por un elemento central: la procedencia de los recursos. Quienes conocen la trayectoria de la funcionaria coinciden en que no se trata de una persona con una fortuna personal que permita costear, de su propio bolsillo, miles de artículos promocionales. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿de dónde salió el dinero?
En un contexto donde la austeridad y el combate a la corrupción han sido banderas constantes del partido en el poder, Morena, este tipo de prácticas genera suspicacia y exige respuestas claras. No se trata únicamente de un asunto de imagen, sino de la posible utilización de recursos públicos con fines políticos, lo cual constituiría una falta grave.
La coincidencia temporal tampoco ayuda. En un escenario donde las aspiraciones políticas suelen adelantarse a los tiempos formales, la promoción personalizada en eventos públicos levanta dudas sobre un posible uso indebido del cargo. Si la intención de la secretaria es competir por una candidatura, la vía ética y legal es clara: separarse del cargo y transparentar el origen de los recursos utilizados en cualquier acto de promoción.
Más aún, la magnitud del reparto no puede minimizarse. No hablamos de unos cuantos artículos, sino de miles de objetos distribuidos “a manos llenas” ante la mirada de ciudadanos y asistentes. Este tipo de despliegues implica logística, inversión y planeación, elementos que difícilmente pasan desapercibidos dentro de una estructura gubernamental.
Por ello, la exigencia no debe diluirse en el ruido político. La Contraloría, así como las instancias de Anticorrupción, tienen la responsabilidad de iniciar las investigaciones correspondientes. No basta con suposiciones ni con deslindes verbales: se requiere transparencia documental, rendición de cuentas y, en su caso, sanciones.
Porque cuando los símbolos patrios se mezclan con intereses personales, lo que está en juego no es solo la imagen de una funcionaria, sino la credibilidad de las instituciones.
