Por Chéster Hernández
Tehuacán, Pue. — Una denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla en contra de la delegada del Bienestar, Monserrat Martínez Herrera, por presuntos delitos cometidos en agravio del empresario tehuacanero Arturo Osorio, quien aseguró haber sido víctima de actos de abuso de autoridad e influyentismo por parte de la funcionaria.
La carpeta de investigación quedó registrada bajo el expediente FGEP/CDI/Tehuacán-I/——–2026, y ya se encuentra en manos de las autoridades ministeriales correspondientes para el inicio de las indagatorias.
De acuerdo con la denuncia, la funcionaria habría utilizado su posición dentro del gobierno para ejercer presión y presumir supuestas influencias políticas dentro del estado, situación que ha generado indignación entre diversos sectores sociales y empresariales de Tehuacán.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el verdadero papel de algunos servidores públicos, quienes, lejos de atender las necesidades de la ciudadanía, terminan utilizando los cargos públicos como plataformas políticas o instrumentos de poder personal.
Resulta inaceptable que funcionarios que reciben un salario proveniente de los impuestos de los ciudadanos olviden que su responsabilidad principal es servir al pueblo con honestidad, transparencia y apego a la ley. El servicio público no puede convertirse en un espacio para la intimidación, el protagonismo político ni el aprovechamiento personal.
La ciudadanía exige que las autoridades actúen con imparcialidad y firmeza, especialmente cuando las acusaciones involucran a servidores públicos que presuntamente hacen uso indebido de su investidura. La impunidad y el influyentismo son prácticas que han lastimado durante años la confianza social en las instituciones.
También es necesario establecer límites claros para aquellos funcionarios que parecen más interesados en construir una imagen política rumbo a futuras candidaturas que en cumplir con las obligaciones para las cuales fueron contratados. Hacer política con recursos públicos o utilizando estructuras gubernamentales representa una falta ética grave y una traición a la confianza ciudadana.
Si los funcionarios desean hacer campaña o construir proyectos personales, deberían hacerlo con recursos propios y no aprovechándose de cargos públicos financiados por la sociedad. El pueblo no paga salarios para sostener ambiciones políticas, sino para recibir atención, resultados y respeto.
Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que pudieran existir en este caso que ya genera controversia en la región de Tehuacán.
