El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo advirtió que jurídicamente no es posible concesionar a particulares los pozos comunitarios administrados por juntas auxiliares y comunidades indígenas, luego de los recientes anuncios sobre una posible transferencia de estos sistemas a la empresa Agua de Puebla.
En conferencia de prensa, el legislador explicó que la nueva Ley General de Aguas, aprobada a finales del año pasado, ya reconoce legalmente la figura del “pozo comunitario”, principalmente en comunidades indígenas y pueblos originarios que históricamente han administrado de manera autónoma sus recursos hídricos.
Precisó que esta disposición aplica en juntas auxiliares como La Resurrección, Xonacatepec, San Miguel Canoa y otras zonas del municipio de Puebla, donde los pozos forman parte del patrimonio comunitario o ejidal, por lo que no pueden ser entregados a concesionarias privadas.
Carvajal Hidalgo señaló que los artículos 40, 41, 42 y 43 de la legislación federal establecen mecanismos para regularizar y fortalecer estos sistemas comunitarios, permitiendo incluso que las comunidades accedan a programas de infraestructura hídrica para mejorar bombas, líneas de conducción y mantenimiento de pozos.
“El manejo comunitario del agua ya está reconocido por la ley. Las comunidades podrán acceder a recursos federales para eficientar el servicio y mejorar sus condiciones de abastecimiento”, indicó.
El diputado sostuvo que muchas juntas auxiliares indígenas resguardan importantes reservas de agua que, afirmó, han sido objeto de intentos de acaparamiento por intermediarios y empresas privadas interesadas en el negocio del suministro hídrico.
Por ello, hizo un llamado a las comunidades a registrar formalmente sus pozos comunitarios y fortalecer sus usos y costumbres, con el objetivo de proteger legalmente sus derechos sobre el agua y acceder a programas federales.
Asimismo, advirtió que cualquier intento del ayuntamiento de Puebla de transferir estos pozos podría derivar en controversias legales, ya que la Ley General de Aguas es de carácter federal y tiene rango constitucional.
“El gobierno municipal debe observar la legislación vigente. Las juntas auxiliares tendrían el derecho de revertir cualquier disposición que vulnere sus derechos comunitarios”, sostuvo.
