La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas lanzó una campaña nacional que busca visibilizar la importancia de contar con políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos pensadas y enfocadas a mujeres, adolescentes y juventudes indígenas en México.
La campaña muestra y sensibiliza acerca de las circunstancias que limitan el acceso de las comunidades indígenas a servicios de salud dignos, como lo es la falta de información clara en sus propias lenguas y atención pública libre de racismo y discriminación.
De acuerdo con datos de la ENADID 2025, el 34% de las y los adolescentes de entre 15 y 19 años —grupo que representa el 7.9% de la población nacional— ya inició su vida sexual. Sin embargo, el acceso a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos modernos continúa siendo desigual, especialmente para las juventudes indígenas.
Mientras que 2 de cada 3 adolescentes usaron anticonceptivos en su primera relación sexual, en comunidades indígenas la cifra cae a 1 de cada 4. Esta brecha refleja la falta de políticas públicas culturalmente pertinentes, así como la ausencia de campañas de información en lenguas indígenas.
La situación es particularmente grave entre adolescentes hablantes de lenguas indígenas. Este grupo, integrado por aproximadamente 228 mil adolescentes, representa el 5.9% de la población adolescente y concentra tasas de fecundidad y embarazo significativamente más altas. En 2023, la tasa de fecundidad entre adolescentes hablantes de lengua indígena fue de 90.3 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
A nivel nacional, el embarazo adolescente se concentra principalmente en entidades con mayores niveles de pobreza y desigualdad. Guerrero, con una tasa de 82.1; Chiapas, con 78.6; Zacatecas, con 74.4; y Durango, con 71.5, registran los índices más altos del país. En contraste, la Ciudad de México, con 19.2, y Querétaro, con 39.4, presentan cifras menores, asociadas a un mayor acceso a educación y servicios de salud.
La campaña también alerta sobre las diferencias en el tipo de métodos anticonceptivos utilizados. Mientras el 62.7% de la población general recurre a opciones no hormonales, como el condón o el dispositivo intrauterino, en comunidades indígenas el 77.9% depende de métodos hormonales, como inyecciones o pastillas.
En 2024, 1 de cada 19 nacimientos registrados en México correspondió a madres menores de 18 años, una cifra que, de acuerdo con las organizaciones convocantes, evidencia la urgencia de garantizar políticas públicas efectivas, con enfoque intercultural, territorial y de género.
“Decidir sobre nuestros cuerpos es un acto de autonomía y defensa del territorio más inmediato que habitamos. No podemos hablar de justicia social mientras se sigan negando los derechos sexuales y reproductivos bajo lógicas coloniales y centralistas”, señalaron voceras de la campaña.
Las organizaciones firmantes anunciaron que buscarán mesas de diálogo interinstitucional con autoridades federales y estatales para vigilar el cumplimiento de sus demandas y avanzar hacia una política pública que respete la libre determinación de mujeres y juventudes indígenas.
Exigencias urgentes para la acción institucional:
- Educación con pertinencia cultural: Implementar programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) adaptados a la cosmovisión y lenguas de los pueblos indígenas.
- Presupuesto para inclusión: Asignar recursos públicos permanentes para la contratación de intérpretes y capacitación obligatoria antirracista para el personal de salud.
- Información accesible: Traducir y difundir permanentemente materiales sobre salud sexual y reproductiva.
- Descentralización del aborto seguro: Garantizar el acceso al aborto gratuito y seguro directamente en las comunidades, eliminando las barreras lingüísticas y los traslados forzados.
- Respeto a la autonomía: Prohibir y sancionar cualquier tipo de presión institucional, familiar o comunitaria sobre las decisiones reproductivas de mujeres y juventudes.
- Reconocimiento a la partería: Garantizar el reconocimiento y pago digno a las parteras tradicionales como parte fundamental de la salud sexual y reproductiva, permitiendo un modelo de atención que respete los saberes ancestrales.
- Cero violencia bstétrica: Aplicar protocolos estrictos con sanciones inmediatas para erradicar las esterilizaciones forzadas, el maltrato hospitalario y la negligencia médica rural.
- Casas de salud juvenil: Instalar módulos comunitarios de atención juvenil que distribuyan antifecundativos de forma gratuita, confidencial y en su propia lengua.
- Prevención del embarazo adolescente: Diseñar políticas públicas que reduzcan el embarazo en menores de edad mediante el acceso escolar garantizado y el combate a la violencia sexual.
- Justicia coordinada: Tipificar y perseguir penalmente los delitos sexuales en contextos indígenas, obligando a la coordinación entre la justicia estatal y la comunitaria para proteger a las víctimas.
