La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la protección de zonas críticas de recarga hídrica y garantizar el derecho humano al agua frente a proyectos de alto impacto ambiental.
La propuesta incorpora la figura del Dictamen de Factibilidad Hídrica, un instrumento técnico y vinculante que permitirá evaluar si determinados proyectos pueden comprometer la disponibilidad del agua, afectar manantiales, acuíferos, sistemas comunitarios de abastecimiento o generar riesgos ambientales para las comunidades.
Asimismo, la iniciativa plantea que ningún proyecto de alto impacto pueda obtener licencias, permisos o autorizaciones estatales y municipales si se acredita que pone en riesgo fuentes de abastecimiento, zonas de infiltración o el derecho humano al agua de las comunidades.
Durante su posicionamiento, Soledad Amieva señaló que esta iniciativa responde a preocupaciones sociales relacionadas con la protección del agua, los bosques y las zonas de recarga hídrica en regiones como la Sierra Norte y municipios como Zacatlán, donde comunidades han manifestado inquietudes por posibles afectaciones derivadas de actividades extractivas.
La legisladora precisó que la propuesta no invade competencias federales ni busca cancelar concesiones mineras, sino establecer mecanismos preventivos dentro de las atribuciones estatales y municipales para proteger el agua, la salud comunitaria y el equilibrio ecológico.
“Lo que se propone es que Puebla cuente con un instrumento preventivo, técnico y vinculante para que, antes de otorgar actos administrativos estatales o municipales relacionados con proyectos de alto impacto, se evalúe si éstos pueden comprometer el agua de las comunidades”, expresó.
