Por Chéster Hernández
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla vuelve a estar bajo la lupa tras el accidente protagonizado por una unidad 50 irregular que chocó con un tren y dejó un saldo de 21 personas lesionadas. Más allá de la gravedad del hecho, el caso exhibe una realidad que miles de poblanos conocen desde hace años: la circulación impune de taxis y unidades de transporte que operan fuera de la ley.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada carecía de seguro y presentaba diversas irregularidades. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que estos vehículos continúen prestando servicio sin ser retirados de circulación?
En zonas como Angelópolis y diversos puntos de la zona metropolitana, la presencia de taxis pirata es una constante. Se trata de unidades que operan al margen de la normatividad, pero que, según denuncias recurrentes de ciudadanos y transportistas formales, gozan de una tolerancia inexplicable por parte de las autoridades.
Las acusaciones apuntan a que muchas de estas unidades están vinculadas a organizaciones con fuerte peso político y social, como Antorcha Campesina y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre. Mientras tanto, quienes cumplen con los requisitos legales enfrentan inspecciones, trámites y sanciones, mientras los irregulares continúan trabajando sin mayores consecuencias, sin seguros, sin placas, sin licencias.
El accidente que dejó 21 personas lesionadas no debe ser visto como un hecho aislado, sino como el resultado de una política de supervisión deficiente o, peor aún, de una permisividad selectiva. Cuando la autoridad renuncia a hacer cumplir la ley, cae en una omisión y la omisión es parte de una comisión del delito y
el costo lo pagan los poblanos que diariamente utilizan el transporte público confiando en que las unidades cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.
Para muchos transportistas, portar el respaldo de ciertas organizaciones parece haberse convertido en una especie de salvoconducto. Tener vínculos con la 28 de Octubre o con Antorcha representa una ventaja que otros no tienen. Mientras tanto, los poblanos siguen expuestos a riesgos innecesarios y a un sistema donde la legalidad parece aplicarse de manera desigual.
La Secretaría de Movilidad y Transporte tiene la obligación de explicar por qué estas unidades continúan operando y qué acciones concretas emprenderá para evitar que una tragedia mayor ocurra. Porque cuando la supervisión falla, el riesgo lo pagan los pasajeros. Y en Puebla, cada vez son más quienes se preguntan si la ley es igual para todos o solo para algunos.
