Así lo dice La Mont
Impredecible: Se observa la segunda vuelta (ballotage) de Colombia ante un vuelco radical después de los resultados de la primera ronda electoral, donde Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como «El Tigre», se alzó con la victoria. Este abogado polémico y empresario irrumpió en la escena pública sin nunca antes ocupar un cargo del Estado y al declararse como un ferviente admirador de los modelos políticos del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei. Su propuesta combina la promesa de mano dura y la construcción de megacárceles al estilo centroamericano con una drástica reducción del aparato estatal y postulados económicos de corte liberal. Al capitalizar el descontento de amplios sectores frente al actual gobierno de izquierda, De la Espriella se posiciona como el nuevo referente de la derecha radical, desafiando incluso los liderazgos tradicionales del país al ubicarse como un mesías antipolítico capaz de refundar el orden institucional a través de la fuerza y la disrupción mediática.
Destino: Este nuevo rumbo ideológico se definirá el próximo 22 de junio, fecha qué marcará el crucial balotaje. Para esta jornada la nación cuenta con un padrón electoral superior a los 39 millones de colombianos inscritos para acudir a las urnas. El nivel de participación de colombianos en las segundas vueltas oscila entre el 50% y el 55%, lo que significa que el destino de la nación estará en manos de aproximadamente 20 a 22 millones de ciudadanos activos. Serán ellos quienes decidan si Colombia gira de manera drástica hacia la derecha populista y punitiva de De la Espriella, o si otorga la continuidad al proyecto progresista que representa el senador Iván Cepeda y candidato del Pacto Histórico que busca mantener el legado del actual mandatario Gustavo Petro.
Proceso: La campaña electoral se desarrolla en medio de una profunda crisis de seguridad, caracterizada por una nueva espiral de violencia y la consolidación del crimen organizado en vastas regiones del territorio en una nación que enfrenta la mutación y el fortalecimiento de poderosas organizaciones del narcotráfico como el Clan del Golfo (también autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la disidencia de las antiguas FARC reunidas en el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, además del consolidado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos criminales ya no solo controlan las rutas de exportación de cocaína, sino que ejercen una gobernanza criminal de facto sobre diversas comunidades además de la minería ilegal y la extorsión. Sus vínculos con la política local y regional se manifiestan a través de la cooptación de alcaldías, el financiamiento ilícita de campañas y la imposición de candidatos mediante la intimidación armada, consolidando un enjambre de corrupción que debilita el control institucional.
Regreso 90: Este fantasma de la narcopolítica no es una novedad colombiana y plantea serias dudas sobre si los candidatos presidenciales y sus partidos están libres de nexos con la delincuencia organizada. El precedente más perturbador ocurrió en 1996, cuando el gobierno estadounidense de William Clinto y su Zar Antidroga Barry McCaffrey retiraron el visado al presidente Ernesto Samper Pizano, tras confirmarse la filtración de millones de dólares del temido Cartel de Cali en la campaña electoral que lo llevó al poder, un escándalo internacional que quedó registrado como el proceso 8.000. Paradójicamente, esta profunda crisis institucional debilitó tanto al Estado colombiano frente a la expansión de los carteles y las guerrillas que un lustro después 1998 obligó a la posterior administración de Andrés Pastrana a negociar y establecer con Washington el denominado Plan Colombia, una multimillonaria estrategia de asistencia militar y antinarcóticos diseñada para combatir el tráfico de drogas.
La enorme Polarización: Ante la retórica agresiva empleada durante las últimas semanas se encendieron las alarmas sobre la estabilidad democrática del país, instalando el temor de que el presidente saliente, Gustavo Petro, o sectores de la coalición de gobierno oficialista puedan desconocer los resultados del balotaje si estos favorecen a la oposición. Desde la campaña de De la Espriella se denunció con vehemencia que el mandatario busca perpetuarse o sabotear el proceso electoral, una narrativa alimentada por las constantes tensiones entre el Ejecutivo, los organismos de control y las misiones de observación internacional. Aunque el mandatario reiteró su compromiso con los principios constitucionales, el intercambio de acusaciones sobre presuntos fraudes, intromisiones extranjeras y la desconfianza mutua en las instituciones electorales configuran un escenario volátil, donde la legitimidad de los resultados finales del 22 de junio será la evaluación definitiva para la supervivencia de la democracia en Colombia.
