Así lo dice La Mont
Protocolo: La diplomacia internacional se sostiene sobre una norma rígida pero al tensarse la estabilidad entre las naciones se pone a prueba, obligando a recordar las reglas del juego que ellas mismas juraron respetar. En el epicentro de este se encuentra la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, un tratado fundamental del cual tanto México como Estados Unidos son Estados parte. Este documento no es un catálogo de buenas intenciones, sino el marco legal que permite la coexistencia pacífica y el diálogo entre soberanías. Entre sus disposiciones más cruciales destaca el artículo 41, el cual establece con claridad que los agentes diplomáticos tienen la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. Esta limitación no es un capricho formal, sino el principio de no intervención materializada en la práctica cotidiana de las embajadas, un recordatorio que la inmunidad y los privilegios otorgados a un embajador no constituyen una licencia para opinar, presionar la política doméstica del país anfitrión.
Nuestro caso: A lo largo de su historia, México aplicó y sufrió las consecuencias de este delicado equilibrio, demostrando que la firmeza diplomática suele estar sujeta a las mareas de la geopolítica. Un episodio emblemático ocurrió en septiembre de 2017, cuando el gobierno mexicano declaró persona non grata al embajador de la República Popular Democrática de Corea, otorgándole un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional. Si bien la narrativa oficial se cobijó en el rechazo absoluto a las pruebas nucleares de Pyongyang, en los círculos políticos era un secreto a voces que la medida respondía a intensas presiones de la administración estadounidense, que buscaba aislar globalmente al régimen norcoreano. Este hecho evidenció cómo el derecho diplomático puede ser utilizado como una herramienta de alineación estratégica, donde los principios de soberanía a veces se entrelazan con las exigencias del vecino del norte.
Renuncia: Sin embargo, la historia mexicana también registra momentos donde la tensión diplomática se dirigió directamente hacia Washington, demostrando que la intrusión no siempre proviene de naciones lejanas. En el año 2008, el panorama político se sacudió tras las filtraciones de cables diplomáticos mejor conocidas mundialmente como WikiLeaks. Los documentos revelaron que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, emitió duras críticas sobre la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, cuestionando la coordinación de sus fuerzas armadas en la llamada guerra contra el narcotráfico. Aunque no se dio una expulsión formal e inmediata en los términos estrictos del derecho internacional, la pérdida de confianza fue absoluta y la relación se volvió insostenible. Indirectamente, la presión del gobierno mexicano forzó la salida de Pascual, quien terminó presentando su renuncia en 2011, dejando claro que las evaluaciones subjetivas sobre la política interna de un mandatario nacional tienen un costo político sumamente elevado.
Coyuntura: En el contexto actual, la diplomacia mexicana se encuentra ante una nueva encrucijada que pone a prueba la consistencia de su política exterior y la pericia de sus funcionarios. La Cancillería, bajo la conducción del Canciller Roberto Velasco Álvarez enfrenta el desafío de determinar la respuesta institucional ante las posturas del actual embajador estadounidense, Donald Johnson cuyas comentarios sobre el combate del gobierno federal al crimen organizado revivieron el dilema sobre las fronteras de la labor diplomática. Determinar si la Secretaría de Relaciones Exteriores debe fijar límites estrictos al enviado estadounidense o, en un extremo, solicitar formalmente su retiro al Departamento de Estado, requiere ponderar la legalidad internacional frente al pragmatismo económico y político.
Posición: Fijar un límite claro no implica dinamitar los puentes de comunicación, sino reafirmar el espíritu del artículo 41 de la Convención de Viena para salvaguardar el proceso democrático interno de cualquier intervención externa. Una nota diplomática de protesta o un llamado formal a consultas representan herramientas intermedias que marcan una postura de dignidad sin llegar a la ruptura que significaría exigir el retiro del embajador, una medida que históricamente quedó reservada para crisis de gobernabilidad o afrentas directas a la seguridad nacional. En una relación tan compleja, asimétrica y profundamente interdependiente como la que comparten México y Estados Unidos, donde el comercio, la migración y la seguridad común dictan la agenda diaria, las decisiones de la Cancillería no pueden tomarse bajo el calor del discursos de siberania ni desde la sumisión estratégica. Corresponde a la diplomacia mexicana actuar con la mesura para hacer respetar la soberanía nacional, recordando que el verdadero respeto mutuo no se exige a gritos, sino que se cultiva al convalidar las reglas que ambas naciones se comprometieron a honrar en el concierto internacional.
