Por Chester Hernández
Puebla, Pue.– El reciente operativo realizado por el Ayuntamiento de Puebla en la unidad habitacional San Bartolo, donde fueron retirados dos puestos semifijos que comercializaban cerveza en la vía pública y clausurada una miscelánea por carecer de documentación para operar, ha generado cuestionamientos sobre la actuación tardía de las autoridades municipales.
Aunque el Gobierno de la Ciudad presentó la acción como una medida para preservar el orden, la seguridad y la sana convivencia, vecinos de la zona se preguntan cómo fue posible que estos establecimientos funcionaran durante meses sin que existiera una intervención oportuna por parte de las áreas responsables de supervisar y regular la actividad comercial.
La presencia constante de puntos de venta de alcohol en espacios públicos difícilmente puede considerarse un problema reciente. Por el contrario, se trata de actividades visibles que, de acuerdo con habitantes del sector, operaban de manera cotidiana sin que se aplicaran sanciones o medidas preventivas. Esto pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de inspección y vigilancia del gobierno municipal.
Resulta contradictorio que las autoridades presuman un operativo exitoso cuando el verdadero cuestionamiento es por qué se permitió que la irregularidad persistiera durante tanto tiempo. Si los negocios carecían de permisos o incumplían la normatividad vigente, la responsabilidad no recae únicamente en los propietarios, sino también en las dependencias encargadas de detectar y corregir estas anomalías de manera inmediata.
La administración encabezada por Pepe Chedraui tiene la obligación de explicar si existieron reportes ciudadanos previos, cuántas inspecciones se realizaron en la zona y cuáles fueron las razones por las que estos puntos de venta continuaron operando sin restricciones durante meses. De lo contrario, el operativo corre el riesgo de ser percibido más como una acción reactiva que como resultado de una estrategia permanente de vigilancia.
La ciudadanía demanda resultados sostenidos y no intervenciones aisladas. Combatir la venta irregular de alcohol implica actuar con oportunidad, transparencia y firmeza desde el primer momento en que se detectan las anomalías, no únicamente cuando el problema ya es evidente para todos. La verdadera rendición de cuentas debe centrarse en esclarecer quién permitió que estas actividades permanecieran tanto tiempo a la vista de las autoridades municipales.
