Por Chéster Hernández.
Los acontecimientos recientes ocurridos en San Andrés Cholula han colocado nuevamente en el ojo del huracán a la administración municipal encabezada por Guadalupe Cuautle. A partir de la detención de una mujer en inmediaciones del parque de Cholula, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de los elementos de seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.
Diversas voces han señalado posibles irregularidades en el procedimiento, entre ellas la presunta participación de policías que no contarían con las certificaciones correspondientes como es el CUP (certificado único policial) y la difusión de imágenes y videos grabados al interior de una patrulla y de instalaciones policiales. Lo que es una vulneración a principios fundamentales como la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad de las personas involucradas.
Sin embargo, más allá de los hechos en sí, llama la atención la reacción de un sector de comunicadores y periodistas que, de manera inmediata y sistemática, han salido a respaldar la versión oficial del gobierno municipal. Como fieles cancerberos del poder, algunos espacios mediáticos parecen más preocupados por proteger la imagen de la alcaldesa que por exigir una investigación transparente y el esclarecimiento de los acontecimientos.
Resulta particularmente significativo que varios de los periodistas y comentaristas que diariamente mantienen una postura crítica hacia el gobernador Alejandro Armenta y hacia el gobierno estatal sean hoy quienes encabezan la defensa de la presidenta municipal de San Andrés Cholula.
Será que desde ahí se orquesta El golpeteo mediático contra Alejandro Armenta, la coincidencia no pasa desapercibida para la opinión pública y abre interrogantes legítimas sobre las motivaciones políticas detrás de ciertas líneas editoriales.
La función del periodismo no es actuar como vocero de los gobiernos ni convertirse en instrumento de confrontación política. Su responsabilidad es cuestionar al poder, sin importar el color partidista o el nivel de gobierno del que se trate. Cuando la crítica se aplica selectivamente y la defensa se vuelve automática, la credibilidad termina siendo la principal víctima.
En una democracia, las autoridades deben rendir cuentas y los medios de comunicación deben contribuir al escrutinio público como muchos lo han pregonado. Lo que hoy ocurre en San Andrés Cholula merece respuestas claras, investigaciones imparciales y transparencia absoluta. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad de los hechos, no una narrativa construida para proteger intereses políticos o personales a cambio de estar en una nómina municipal, para defender lo indefendible sin importar el respeto a los derechos humanos y al imperio de ley.
Recordemos que desde la época que gobernaba Edmundo Tlatehui en San Andrés Cholula los policías seguían sin ser certificados, y hoy con Guadalupe Cuautle más de 160 siguen sin ser certificado lo que estarían cometiendo una usurpación de funciones en cualquier detención, es por ello que hacemos un llamado al secretario de seguridad pública del estado para que detenga a todos esos elementos que hoy están trabajando sin un certificado portando un uniforme Y utilizando un arma de cargo.
