Por Chéster Hernández.
El caso del corralón ubicado en el municipio de Huejotzingo continúa generando cuestionamientos y presión pública sobre la administración encabezada por Roberto Solís.
Luego del operativo relámpago de alta precisión, fuerzas federales y estatales asestaron un golpe contundente a la estructura delictiva de la banda conocida como «Los Carretas», especializada en el asalto y saqueo de transporte de carga en la región poblana. El operativo, ejecutado en el Primer Barrio de Huejotzingo, no solo culminó con la captura de nueve presuntos integrantes de la célula, sino que también dejó al descubierto una intrincada red de influencias que llega hasta las oficinas de la administración municipal actual.
Mientras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado avanzan, nuevas versiones y denuncias han puesto bajo la lupa tanto la operación del inmueble como las condiciones en las que se desempeñan elementos de seguridad pública municipal.
De acuerdo con información difundida en los últimos días, el corralón vinculado al empresario conocido como el “Bonny Méndez” ya habría sido señalado anteriormente por presuntamente ser utilizado para el resguardo o movimiento de mercancía con reporte de robo, además en ese corralón las autoridades municipales guardaban las unidades detenidas por vialidad.
Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para determinar posibles responsabilidades y esclarecer los hechos. Diversos medios reportaron que la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de unidades presuntamente robadas en ese lugar.
A la polémica se suma otro tema que ha despertado preocupación entre ciudadanos y especialistas en seguridad: la situación de los elementos policiales del municipio. Según denuncias difundidas públicamente, más del 70 por ciento de los policías municipales no contaría con el Certificado Único Policial (CUP) vigente, requisito fundamental para desempeñar funciones de seguridad pública conforme a los estándares nacionales.
De confirmarse esta situación, surgirían serios cuestionamientos sobre la legalidad y capacidad operativa de quienes realizan labores de vigilancia, vialidad y seguridad en Huejotzingo. Las versiones señalan que esta condición se mantendría desde hace 3 años y que las autoridades municipales tienen conocimiento del problema sin que hasta ahora exista una estrategia clara por parte del «güero Solís» para regularizar a los elementos.
La administración municipal enfrenta así una doble crisis: por un lado, las investigaciones relacionadas con el corralón que presuntamente operaba de manera irregular; por otro, los señalamientos sobre la falta de certificación de una parte importante de su corporación policial. Autoridades estatales han informado que continúan las investigaciones sobre el funcionamiento del corralón y su situación administrativa.
Ante este panorama, la pregunta que comienza a surgir entre la ciudadanía es inevitable: ¿hasta dónde llegarán las investigaciones y quiénes asumirán la responsabilidad política y administrativa en caso de confirmarse las irregularidades?
Mientras tanto, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas continúa creciendo en uno de los municipios más importantes de Puebla.
