Por Chéster Hernández.
La filtración del video relacionado con la agresión sufrida por una joven en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula ha abierto un nuevo frente de crisis para el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres. Más allá de la indignación generada por los hechos, la pregunta que sigue sin respuesta es quién permitió que material sensible, presuntamente bajo resguardo de autoridades municipales, terminara circulando públicamente.
Mientras la polémica crece y la presión social aumenta, la imagen de la presidenta municipal se ha convertido en el principal blanco de las críticas. Sin embargo, resulta difícil creer que una situación de esta magnitud recaiga exclusivamente en la figura de la alcaldesa cuando existen diversas áreas del Ayuntamiento que, por sus atribuciones, tendrían responsabilidad en el manejo, custodia y tratamiento de información relacionada con investigaciones y procedimientos oficiales.
Ya en radio pasillo círculo que quiénes le aconsejaron a Guadalupe filtrar los videos a los medios que tienen comprados, están en la tablita de perder el trabajo, el mal papel desempeñado por el consejero jurídico del Ayuntamiento, Raúl Sánchez Betanzos; el secretario de Gobernación, Jesús Parra Vera; el síndico municipal, Raúl de los Santos Jiménez; y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Flores Fierros. Todos ellos forman parte de la estructura gubernamental que debió garantizar el correcto manejo de la información y evitar cualquier vulneración a los derechos de las personas involucradas.
La falta de explicaciones claras ha provocado que la opinión pública perciba un intento de deslindar responsabilidades internas mientras el costo político recae únicamente sobre la alcaldesa. Hasta ahora, no se ha informado de manera transparente si existe una investigación administrativa para determinar cómo ocurrió la filtración, quién tuvo acceso al material y qué servidores públicos podrían estar involucrados.
La ciudadanía merece respuestas. La filtración de un video de esta naturaleza no puede considerarse un hecho menor ni un simple error administrativo. Se trata de una posible vulneración de protocolos institucionales que obliga a identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes en caso de acreditarse irregularidades.
Hoy, la principal afectada políticamente es Guadalupe Cuautle, quien enfrenta el desgaste público derivado de una crisis que, por su complejidad, difícilmente pudo haberse generado sin la intervención o negligencia de distintas áreas del gobierno municipal. La transparencia exige algo más que comunicados: exige una investigación seria, resultados verificables y la rendición de cuentas de todos los funcionarios que tuvieron participación en la cadena de resguardo de la información.
Mientras eso no ocurra, las dudas seguirán creciendo y la percepción de opacidad continuará debilitando la credibilidad del Ayuntamiento de San Andrés Cholula.
