Por Chéster Hernández.
Amozoc, Puebla. Las denuncias y señalamientos ciudadanos en contra de presuntos familiares de la presidenta del Sistema Municipal DIF de Amozoc continúan generando inconformidad entre comerciantes y habitantes del municipio.
Hace unos días se difundió un video en el que, presuntamente, uno de los familiares de la funcionaria aparece dañando un vehículo oficial mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. El material provocó críticas y cuestionamientos sobre el comportamiento de personas cercanas a la administración municipal.
Ahora, nuevas denuncias apuntan hacia un grupo de teporochos que trabajan en el ayuntamiento Pedro Barrales Lerista y Noé Barrales Lerista, quienes, de acuerdo con testimonios de comerciantes, tendrían influencia dentro del área de Industria y Comercio del Ayuntamiento. Los denunciantes aseguran que ambos realizan notificaciones y supervisiones a establecimientos comerciales, desde pequeños negocios hasta fábricas, utilizando uniformes e identificaciones oficiales.
Según las quejas recibidas, algunos comerciantes afirman haber sido presionados para realizar pagos considerados excesivos, bajo la amenaza de clausuras o sanciones administrativas en caso de negarse. Estas acusaciones han generado preocupación entre propietarios de negocios de juntas auxiliares, inspectorías, barrios, colonias y unidades habitacionales del municipio.
Los denunciantes sostienen además que, pese a existir diversas quejas en su contra, no se han tomado medidas debido a presuntos compromisos políticos y a la cercanía familiar que estas personas tendrían con la presidenta del DIF Municipal. También señalan posibles irregularidades relacionadas con el desempeño de funciones públicas y el uso de cargos o identidades distintas dentro de la administración.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos. Sin embargo, ciudadanos exigen que la Contraloría Municipal investigue a fondo las denuncias y esclarezca si existen actos de nepotismo, usurpación de funciones o cualquier otra conducta irregular que pudiera afectar a comerciantes y a la población en general.
La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones fundamentales de cualquier gobierno. Por ello, la ciudadanía demanda una investigación imparcial que permita determinar responsabilidades y garantizar que el servicio público se ejerza con legalidad y respeto a la ley.
