Por Chéster Hernández
La versión difundida por autoridades sobre la presunta actuación de un “francotirador” en la Vía Atlixcáyotl ha comenzado a generar dudas entre especialistas y ciudadanos, debido a inconsistencias técnicas relacionadas con el arma que supuestamente habría sido utilizada y la mecánica de los hechos.
De acuerdo con información preliminar, se ha señalado que el responsable habría empleado un rifle calibre 9 milímetros. Sin embargo, expertos en balística indican que el alcance efectivo de un arma de este tipo oscila entre los 50 y 100 metros. Aunque el proyectil puede conservar capacidad letal a mayores distancias, la precisión disminuye considerablemente debido a la pérdida de energía y a la caída balística.
Bajo este contexto, resulta cuestionable la hipótesis de que los disparos hayan sido realizados desde lo alto de un edificio, como se ha sugerido en algunas versiones. A ello se suma otro dato que merece un análisis técnico riguroso: en los casos reportados, los impactos registrados en los vehículos se localizan a menos de 70 centímetros del nivel del suelo.
Esta circunstancia podría ser relevante para determinar la trayectoria de los proyectiles y la posible posición del tirador. Diversas voces consideran que dichos indicios apuntarían más a disparos efectuados desde una posición a nivel de calle que desde una altura considerable, aunque será el resultado de los dictámenes periciales el que permita establecer con certeza cómo ocurrieron los hechos.
Lo preocupante es que, mientras las autoridades difunden hipótesis mediáticas, la ciudadanía sigue esperando resultados concretos de una investigación científica y profesional. La falta de explicaciones técnicas claras alimenta la incertidumbre y genera cuestionamientos sobre la solidez de las líneas de investigación.
Ante estas interrogantes, crece la exigencia para que la Fiscalía General del Estado realice un trabajo pericial exhaustivo, sustentado en pruebas balísticas, análisis de trayectorias y evidencia verificable. La sociedad merece respuestas claras, no especulaciones apresuradas.
La resolución de este caso exige transparencia, rigor técnico y una investigación seria que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades con base en evidencia científica.
