- Javier Corral busca acuerdo con todos los Grupos Parlamentarios.
La Comisión de Justicia, que preside el senador Javier Corral Jurado, sostuvo una reunión para recabar las observaciones, comentarios y propuestas de sus integrantes sobre el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
Corral Jurado explicó que se buscará que este órgano legislativo apruebe el dictamen antes de que inicie el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
Dijo que “el objetivo es poder llegar al Periodo Ordinario con un dictamen consensado, por ello se busca tener un acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios en una materia que es muy necesaria para el país”.
Javier Corral precisó que la reunión de trabajo de este día fue para definir una ruta de trabajo que permita elaborar un dictamen, a efecto de que en septiembre “este sea uno de los temas que podamos presentar de manera conjunta”.
Refirió que a la Comisión de Justicia se turnaron dos iniciativas en esta materia, una de su autoría y una que presentó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano.
“Es muy importante decir que habremos de buscar compatibilidad en las iniciativas del senador Colosio y la de un servidor, y con las propuestas que se puedan hacer, realizar los ajustes o modificaciones que estamos planteando”, expresó.
El senador dijo que se trata una legislación necesaria, ya que será un instrumento con el que se pueden evitar muchísimos conflictos en tribunales, y que también ayudará a ahorrar dinero a las personas.
En una entrevista posterior a la reunión, Javier Corral Jurado destacó que se busca acercar a la ciudadanía un instrumento para solucionar conflictos o controversias menores o faltas administrativas que generan conflictos sociales y que pueden ser atendidas con instrumentos muy ágiles, juzgados cívicos, mediadores, personal médico, personal de asistencia psicológica y que vendría a colmar una gran necesidad.
Precisó que se darán bases generales a las entidades federativas para establecer este mecanismo de justicia cívica, con juzgados cívicos en los municipios, porque no todos cuentan con los recursos para generar un sistema así; por eso la legislación también plantea una justicia cívica itinerante, para que salgan estos juzgados cívicos a encontrarse con poblaciones que están apartadas y que no tienen el acceso a las cabeceras municipales.
En su intervención, Enrique Inzunza Cázarez expresó que es necesario “afinar” en el anteproyecto los temas que se refieren a la “detención y flagrancia”, pues se trata de un espacio que requiere mayor clarificación, porque de otra manera, en el ámbito de la justicia administrativa podría representar “una facultad sin control”, empleada de manera arbitraria en contra de los grupos más desfavorecidos.
Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que es una ley que desde 2017 no se ha expedido, por lo que es necesario revisar con detalle las observaciones que tengan los Grupos Parlamentarios, sobre todo, lo que se refiere a las comunidades indígenas, porque en muchas regiones los usos y costumbres prevalecen sobre las normas.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta recoge un protocolo de actuación para menores, el cual “es muy necesario”, porque durante mucho tiempo este tema quedó fuera de la legislación, cuando cada vez son más los niños, niñas y adolescentes involucrados en conflictos de esta índole.
